El ex director de Sondika admite dos de los delitos por los que fue condenado

El ex director del aeropuerto de Bilbao Segismundo López-Santacruz admite que cometió dos de los cinco delitos por los que fue condenado a nueve años y medio de cárcel. En su recurso al Superior contra la sentencia de la Audiencia de Vizcaya, rechaza la falsificación y malversación por arrendar un piso y el cohecho en la contratación de obras, pero no plantea ninguna objeción a la falsificación y el fraude en las adjudicaciones.

López-Santacruz, director del aeródromo bilbaíno entre 1997 y 2001, evita así con el recurso que su defensa presentó en septiembre al fallo de la Audiencia, dictado en junio, ingresar en prisión. Tras un juicio con jurado, fue condenado a nueve años y medio de prisión por cinco delitos: falsificación y malversación de caudales públicos por simular el arrendamiento de una vivienda que estaba a nombre de su madre y cuyo alquiler, pagado por AENA (el ente público que gestiona los aeropuertos), le sirvió para que comprar dos pisos en Getxo, y por cargar a AENA los gastos de garaje, electricidad y teléfono, y falsificación, fraude y cohecho en las contrataciones de las obras de ampliación del aeropuerto.

En este caso, según estableció la sentencia, incumplió los sistemas de contratación, adjudicó el 80% de los trabajos a empresas de un mismo constructor y cobró al menos 948.000 euros en comisiones. El fallo también condenaba a dos años por receptación (aprovecharse de un dinero de procedencia ilícita) a su esposa, Laura Hernández. Ambos fueron sentenciados igualmente a pagar más de cuatro millones de euros en multas, indemnizaciones y las costas del proceso.

La defensa de los dos condenados presentó en septiembre el recurso al fallo, que será visto por el Tribunal Superior. Su escrito no entra en los delitos de falsificación y malversación por el disfrute del garaje, el teléfono y la electricidad de la vivienda, ni tampoco en la falsificación y fraude en las contrataciones de obras, por lo que esa parte de la sentencia será firme.

El recurso considera que no existe falsificación en el documento del alquiler de la vivienda al argumentar que dicha manipulación se ejerce como particular y no en su condición de funcionario, que es lo que marca la existencia de delito. Sobre la malversación con la vivienda, la rechaza porque el fallo reconoce que el erario público "no padeció una sola peseta (o euro) de perjuicio económico".

La defensa del ex responsable del aeropuerto de Bilbao rechaza el delito de cohecho en las contrataciones de obras, ya que la sentencia expresa "una convicción íntima", pero sin un razonamiento. Agrega que el fallo dice que López-Santacruz obtuvo un incremento de entre "9,2 millones de pesetas y 157,7 millones" aunque se "omiten absolutamente cuáles son las razones concretas que le llevan a tal conclusión".

"Sólo un indicio"

Además, considera que "es mucho deducir" señalar que los ingresos provengan del pago de comisiones. El jurado, prosigue, "se ha dejado impresionar por un solo indicio clave: incremento no justificado de patrimonio, pero sólo un indicio".

El abogado de los dos inculpados, Jesús Urraza, tampoco argumenta sobre el delito de receptación de la esposa, que también se convierte en firme, y únicamente pide que se le exima del pago, a partes iguales con su marido, de 948.000 euros en concepto de "comiso" (que va a las arcas del Estado).

El fallo de la Audiencia de Vizcaya concluyó que el ex director pagó obras no ejecutadas, fraccionó expedientes para que no fueran tramitados desde Madrid o autorizó de forma generalizada el pago de sobreprecios a contratistas. "Intencionadamente benefició a terceros en las contrataciones o liquidaciones de expedientes de obras y servicios", dijo.

López-Santacruz reside desde hace varios años en Bormujos (Sevilla), donde adquirió un chalé poco después de vender su vivienda de Getxo por 1,3 millones de euros. Esta actuación le ha supuesto la apertura de otra causa judicial por un delito de alzamiento de bienes, ya que el ex director se negó a aportar una fianza de 481.000 euros exigida por el juez instructor tras considerar que había datos suficientes sobre las anomalías en su gestión al frente del aeropuerto.