Interior localiza a 300 víctimas de ETA que no han cobrado indemnización

El Ministerio del Interior ha descubierto que 294 víctimas de ETA, la mayoría heridos leves, no han cobrado la indemnización que les corresponde y que en algunos casos alcanza cantidades cercanas a los 60.000 euros. Interior está a la espera de que la Audiencia Nacional le confirme que nadie notificó a estas personas que tenían derecho a un resarcimiento económico para contactar con ellas. Estos datos son resultado de un primer chequeo, que se inició en agosto, de las sentencias judiciales dictadas entre los años 2000 y 2006, por lo que se estima que la cifra de damnificados será mayor.

El trabajo de la asociación catalana de víctimas ha sido clave para iniciar el rastreo

El proceso de búsqueda se inició el pasado 20 de junio, un día después del vigésimo aniversario del atentado de Hipercor, en el que murieron 21 personas, y 46 resultaron heridos. Durante los actos de homenaje, el portavoz de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), Roberto Manrique, trasladó al Ministerio del Interior la preocupación de que, revisando sentencias judiciales, la organización se había percatado de que centenares de víctimas de actos terroristas no habían cobrado la indemnización que les correspondía porque nadie se lo había notificado.

Aunque el procedimiento legal exige la petición expresa y previa de la víctima o de su familia, el director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, adquirió el compromiso de que pondría un equipo de funcionarios del Ministerio del Interior a rastrear sentencia por sentencia para comprobar cuanta gente no había cobrado la prestación que le corresponde. "La labor de la ACVOT ha sido fundamental para iniciar este proceso", recalca Rodríguez Uribes.

Los primeros resultados no se hicieron esperar. En agosto, Interior localizó a los 11 heridos del atentado de Hipercor que no habían solicitado la indemnización. Acto seguido, contactó con nueve de ellos. Con los otros dos, Agustina Fita y Martín Franco, ha sido imposible. Se cree que debido a su edad -101 años ella, 98 él- han podido fallecer. Se está intentando contactar con los familiares.

Aunque la ACVOT advirtió de que había cientos de casos más, en Interior eran bastante cautos. La sorpresa fue mayúscula la semana pasada cuando comprobaron que, entre 2000 y 2006, hay 294 víctimas que no han cobrado la indemnización que les corresponde. En concreto, en el año 2000 han detectado a 10 personas; 77, en 2001; 20, en 2002; 60, en 2003; 39, en 2004; 46, en 2005, y 42 en 2006.

Al tratarse de heridos leves, la mayor parte de las indemnizaciones no llega a los mil euros, aunque hay unos diez casos en los que las cantidades alcanzan los 60.000 euros. Rodríguez Uribes explica por qué han sido las sentencias de ese periodo las primeras en rastrearse: "Es el periodo histórico donde se han producido más juicios por atentados terroristas, y por tanto más sentencias".

Una vez localizados los damnificados, el siguiente paso ha sido pedir a la Audiencia Nacional que confirme si a alguna de estas personas se le notificó que tenían derecho a una indemnización. De ser así, el plazo para reclamarla ya habría pasado, algo que Interior considera "muy improbable".

Acto seguido, la Dirección de Apoyo a las Víctimas iniciará los trámites para contactar con los damnificados, pues les corresponde a ellos activar los mecanismos compensatorios. El proceso a seguir, siempre es el mismo: se localiza a las víctimas, se contacta con ellas por teléfono, y se les hace llegar una carta con la solicitud de indemnización. Desde ese momento, la persona tiene un año de plazo para reclamar la cantidad que se le debe.

La ley establece dos momentos indemnizatorios para los casos de terrorismo. Lo que se conoce comúnmente como anticipo, y la indemnización que derive de una sentencia firme de los tribunales de justicia. Esta indemnización, compatible con el anticipo cuando éste se ha recibido es, aproximadamente, el resultado de la diferencia entre lo reconocido en la sentencia y lo abonado previamente en el adelanto de dinero.

De forma paralela a la localización de estas 294 víctimas, Interior continúa rastreando sentencias, algunas de la década de los años 70 y 80. Aunque la mayoría tienen su origen en atentados de ETA, hay constancia, a través de un listado de 103 casos proporcionado por la ACVOT, de actos perpetrados por Terra Lliure o los GRAPO.

El rastreo de las sentencias, en el que participan tres funcionarios de la Subdirección de Ayuda a Víctimas del Terrorismo, es un "trabajo de chinos", según José Manuel Rodríguez Uribes. La complejidad radica en que al tratarse de atentados perpetrados, en algunos casos, hace décadas, es probable que los damnificados hayan cambiado de domicilio. Al no aparecer en ninguna base de datos ministerial, su búsqueda se convierte en una odisea.