Las fiscalías de tráfico de Galicia defenderán de oficio a las víctimas

Rodríguez Fernández advierte que "la seguridad vial no se compra con dinero"

Los fiscales han decidido intervenir de oficio para intentar reducir los accidentes en las carreteras gallegas. Alberto Rodríguez Fernández, fiscal de tráfico de Galicia, anunció ayer en Mondariz-Balneario que los fiscales acusarán penalmente a los conductores negligentes, aun en el caso de que exista acuerdo económico entre las partes y las compañías de seguros. "La seguridad vial no puede comprarse con indemnizaciones", advirtió el fiscal.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ha puesto a la cabeza de España en la declaración de una guerra contra los accidentes de tráfico. No sólo ha sido de las primeras en nombrar fiscales especializados en las cuatro provincias, si no que ya ha celebrado reuniones con asociaciones de víctimas y compañías aseguradoras para perseguir a los conductores más peligrosos para la seguridad vial.

Alberto Rodríguez Fernández, fiscal delegado de seguridad vial del TSXG, presentó ayer el plan de acción de su departamento. Lo hizo en Mondariz-Balneario y ante las más importantes compañías aseguradoras y asociaciones de conductores que operan en Galicia. "Resulta absolutamente preciso que el ministerio fiscal recupere su protagonismo como órgano promotor de la acción de la justicia, desde el entendimiento de que la seguridad vial es un bien de interés público, con independencia de la decisión de la víctima", anunció el fiscal de tráfico del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Tras uno de los peores veranos en las carreteras gallegas (con récord de muertos, accidentes y atropellos a peatones), los fiscales de tráfico de las audiencias de Lugo, Pontevedra y Ourense ya están planteando las primeras acusaciones de oficio. Se trata de pedir responsabilidad penal a conductores que, supuestamente, hayan cometido negligencia en su conducción con resultado de accidente.

De la multa a la cárcel

"Vamos a tratar de neutralizar a los infractores que han sido reiteradamente sancionados, así como a los que sortean sistemáticamente los controles establecidos o se aprovechan de la lentitud del proceso sancionador para seguir conduciendo peligrosamente", explicó el fiscal gallego.

Rodríguez Fernández explicó que el hábito español ha llevado las negligencias al volante a "una trivialización y mercantilización de las conductas imprudentes". La nueva norma emanada de la Fiscalía General del Estado es que esa etapa terminó. "Sólo así irá perdiendo fuerza", matizó el fiscal de tráfico, "la percepción de que la responsabilidad penal, incluso por hechos graves, se puede comprar a través del pago de indemnizaciones de las aseguradoras".

Rodríguez Fernández ya ha encargado un estudio a la Guardia Civil y policías locales para conocer mejor el problema de la siniestralidad en las carreteras gallegas. Garantizó una especial atención en la protección de menores y minusválidos, pero precisó que tampoco será su intención la de colapsar los juzgados acusando a todos los conductores que provoquen un accidente.

La intervención del fiscal de tráfico de Galicia sirvió de apertura para el congreso Segurauto 2007, organizado por el Instituto Atlántico del Seguro (Inade), y en el que participaron los principales expertos españoles en las nuevas normas de tráfico y las principales compañías aseguradoras que operan en Galicia.

El seminario abordó los cambios que la nueva política de acusación de las fiscalías supone en la gestión de nuevos seguros de coches. Las compañías aseguradoras explicaron que la penalización judicial de los accidentes obligará a encarecer seguros que, a las indemnizaciones económicas a las víctimas, tendrán que añadir pólizas de responsabilidad penal.

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