Narbona quiere rescatar concesiones de uso en 1.000 kilómetros de costa

El Gobierno pretende "rescatar concesiones" y aplicar expropiaciones y derribos a lo largo de 1.000 kilómetros del Mediterráneo para "garantizar el acceso del uso público" del litoral. Así lo establece la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, un documento que ayer vio el Consejo de Ministros y que tardará años en aplicarse, dada la cantidad de Administraciones implicadas en la materia. En el plan se afirma que regenerar las playas del Mediterráneo costaría 5.000 millones de euros.

La Ley de Costas, de 1988, ya establecía que todo el litoral debe ser de uso público. Pero casi 20 años después, gracias a "una pobre aplicación de la ley", como lo definió la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el estado de la costa ha empeorado.

El diagnóstico de la Estrategia es contundente: el 51% de las playas del Mediterráneo requieren ayuda artificial para paliar la pérdida de arena por la excesiva urbanización; el 70% de las dunas están en regresión; el 40% del litoral ya está urbanizado, y el 57% de las playas están rodeadas de cemento. La Estrategia, elaborada tras estudiar todas las playas del Mediterráneo, Canarias y Huelva -en una segunda fase se hará en el Cantábrico- concluye que "el modelo de uso y gestión de la costa que hemos llevado a cabo no es sostenible". Medio Ambiente se negó a hacer público el texto íntegro.

El urbanismo salvaje a costa de los espacios naturales ha traído progreso económico. Pero ahora, cuando la costa empieza a saturarse, "la desaparición de esos espacios naturales pone en peligro la propia subsistencia económica del modelo de desarrollo existente en algunas zonas". Es lo que está pasando en zonas como la Costa del Sol o Benidorm, tan urbanizadas que los turistas de dinero huyen y los que van cada vez gastan menos. Mientras, el Gobierno hace campañas millonarias para regenerar las playas.

Narbona apostó por "frenar la intensa masificación en el litoral y combatir los efectos del modelo de desarrollo intensivo y la ocupación intensiva" y afirmó que recuperar el Mediterráneo costará "5.000 millones de euros, cifra muy significativa pero que apenas representa un 3% de los ingresos que se generan en el turismo costero anualmente".

Los 5.000 millones servirán para regenerar 220 millones de metros cuadrados de humedales costeros dañados, comprar más de 800.000 metros cuadrados en la costa para evitar que sean urbanizados y garantizar el libre paso en todo el Mediterráneo, evitando las miles de viviendas que -a veces de forma ilegal, otras con concesión del Gobierno- han ocupado la costa. Medio Ambiente aclara que el Ejecutivo central no pondrá todo el dinero y que la cifra da una idea de la titánica tarea.

El plan pretende rescatar concesiones de uso del dominio público en uno de cada cinco kilómetros de los 5.447 kilómetros de litoral analizado, construir diques submarinos para evitar la pérdida de playas, demoler edificios que ocupen las dunas y rediseñar los puertos que alteran la dinámica de playas. Narbona negó que la estrategia sea un plan de derribos y expropiaciones masivas. "El ministerio ha demolido cientos de edificaciones y seguiremos, pero este plan trata de cambiar el uso y gestión de la costa. De poco servirán las demoliciones si no frenamos la ocupación del litoral".

El Gobierno presentará el plan a las autonomías y ayuntamientos e intentará que lo adopten aunque ni siquiera tiene una fecha definida de aplicación. El problema, como admitió Narbona, es que el Gobierno sólo gestiona los primeros metros de costa; luego un ayuntamiento y una comunidad pueden construir lo que quieran. Además, los nuevos Estatutos limitan aún más esa capacidad. El de Cataluña cede a la Generalitat "la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo terrestre", los primeros metros de costa.