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Applus podrá mantener el control del mercado de las ITV hasta cinco años más

El 'pool' de cajas negocia la entrada en el capital de destacados empresarios catalanes

El control del mercado de las ITV en manos de Applus, que finalizaba este año, se prorrogará, en la práctica, cinco años. La futura Ley de Seguridad Industrial no estará aprobada al menos hasta mediados de 2008 y la Generalitat no ve problema en volver a prolongar el sistema de concesión vigente, en el que Applus tiene el 85% del mercado. La nueva normativa permitirá, además, una transición "de entre dos y cuatro años" para que las empresas se adapten al nuevo marco, en el que un operador no podrá controlar una posición "mayoritaria", cerca del 40% del mercado. Carlyle y un pool de cajas liderado por Caixa Catalunya negocian la entrada de destacados empresarios catalanes en Applus.

La reciente venta de Applus al fondo de capital riesgo estadounidense Carlyle y a un pool de cajas liderado por Caixa Catalunya no ha sido ajena al nuevo marco regulador de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) que la Generalitat lleva meses preparando. El proceso tiene varios frentes, además del regulatorio.

El que más apremia en estos momentos es el judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene previsto pronunciarse como muy tarde dentro de un mes sobre la revocación por parte del primer Gobierno tripartito de la polémica prórroga de las concesiones de ITV del último Ejecutivo de CiU. Esta anulación motivó sendos recursos de las empresas afectadas, las dos filiales de Applus (Iteuve y ECA) y Revesa.

Ni a la Generalitat ni a las empresas les interesa que el conflicto se perpetúe y la perspectiva de que el alto tribunal acabe dando la razón a las compañías ha originado un acercamiento, que podría culminar en los próximos días con un pacto tácito, del que falta convencer sólo a Revesa, según fuentes conocedoras del acuerdo. Las empresas retirarán los recursos a cambio de que el reglamento de la futura Ley de Seguridad Industrial les conceda una tregua "de entre dos y cuatro años", desde su entrada en vigor, para adaptarse al nuevo marco regulatorio; esto es, que ningún operador tenga una posición "mayoritaria", entre el 40% y el 50% del mercado.

Fuentes de la Generalitat esperan que la futura ley llegue al Parlament a finales de año, en el mejor de los casos, en noviembre, y no esperan su aprobación hasta mediados de 2008. Esto obligará a la Generalitat a prorrogar otra vez el actual sistema de concesiones, que en principio debía expirar este año. La concesión ya fue alargada 18 meses por el anterior tripartito, en julio de 2006, debido a que la salida del Gobierno de ERC impidió que el Ejecutivo contara con apoyos parlamentarios suficientes para poder cambiar el sistema de concesiones por otro de autorizaciones. Este cambio va hacerse ahora.

El mercado de las ITV se concreta hoy en una cuarentena de estaciones. De éstas, Applus controla una mayoría a través de dos empresas. El sector espera que uno de los primeros pasos para que Applus reduzca su parte del negocio es el reparto de las 18 estaciones que tiene a través de ECA-ITV con los copropietarios de ésta: las familias Marugán y Puignou. La cuota de mercado de Applus bajaría así al 60%.

Por esta operación se interesó la familia Sanahuja, pero los promotores inmobiliarios están negociando con los nuevos accionistas de Applus su entrada en el capital. "La oferta aún permanece abierta a nuevos socios", aseguran fuentes financieras.

En el consorcio que a finales de julio se adjudicó Applus por 1.480 millones de euros participan, además de Carlyle (con el 75% del capital), un pool liderado por Caixa Catalunya, las cajas de Sabadell, Terrassa, Manresa y Tarragona, y el RACC, con el 25% restante. La incorporación de Caixa de Girona está a punto de cerrarse, y en los últimos días se han intensificado las negociaciones para sumar a destacados empresarios catalanes.

Algunos de ellos participaron en uno de los consorcios perdedores, liderado por la francesa Eurazeo. Se trata de la familia Miarnau, Albert Costafreda, Sol Daurell, Antoni Vila Casas y José Antonio Castro.

El 10% del LGAI

El Gobierno catalán elevará su participación del 5% actual hasta el 10% en el capital del Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones (LGAI), cuyo socio de referencia es Applus. La operación no representará un desembolso de capital, ya que se materializará a través de la aportación de varias sociedades por parte de Applus, que cambiarán la valoración de activos del LGAI. Este laboratorio es fruto de una privatización de la Generalitat de CiU.

La Generalitat se mantendrá por ahora con su 20% en el capital del IDIADA, también en la órbita de la compañía de certificación Applus.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de octubre de 2007

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