Anticorrupción de Cádiz critica el electoralismo de las denuncias políticas

Las denuncias por adjudicaciones directas, irregularidades en las licencias de obra o contrataciones fuera de presupuesto. Son los casos más comunes sobre los que ha abierto diligencias la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz en su primer año. La mayoría han afectado a ayuntamientos, aunque buena han quedado archivadas. La fiscal Virginia Alonso ha alertado del uso electoralista que los partidos han hecho de este órgano. "Cuando se den cuenta de que no sirve para nada, a lo mejor dejan de hacer tonterías", espetó.

Alonso ha encontrado en su primer año de trabajo una cantidad ingente de denuncias políticas contra la gestión municipal. Reconoce que en la lectura de las denuncias ha visto muchas veces intereses políticos aunque trate de evitar prejuicios. "Nosotros estamos para investigar. Me fijo en el objeto y trato de no mirar los nombres aunque puedas intuir en el contenido quién es el denunciante", aseguró.

En la profundización de esas denuncias de corrupción política ha detectado que muchas de ellas estaban infundadas por lo que admite haberse sentido como instrumento político. "Es triste que si te dedicas a una labor que se supone que es hacer bien al ciudadano, entretengas a los que podíamos dedicar a otra cosa más importante", sostuvo.

La fiscal anticorrupción se comprometió al inicio de su nombramiento en septiembre del pasado año a agilizar algunas causas pendientes. Entre ellas, los casos acumulados en el juzgado de La Línea sobre la gestión de su ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular. Antes de que acabe el mes tiene previsto reunirse con la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, y otros compañeros del Campo de Gibraltar para analizar la situación de estas causas, tras reconocer que algunas de ellas se encuentran "estancadas". Su objetivo es "impulsar" las diligencias.

Alonso anunció que habrá novedades en otro de los casos que la ocupan: las irregularidades detectadas en la compañía alimenticia Quality Food, cuya mayoría de acciones compró la Zona Franca de Cádiz en la etapa del Partido Popular. La fiscal está convencida de que el caso no será archivado sino que acabará en juicio. Negó que esté paralizado. "Se ha prolongado en el tiempo por los recursos presentados. Estamos a la espera de pruebas documentales para darle un avance en breve", explicó. En la actualidad, el caso Quality Food se encuentra abierto en el Juzgado número 3 de Cádiz, donde se analizan las querellas presentadas por la Abogacía del Estado contra el ex propietario de la compañía, Manuel García Gallardo. Es el mismo juzgado encargado de los casos de violencia de género.

"Centrarse en asuntos complicados como éste resulta aquí bastante difícil", señaló. El pasado año, justo tras ser nombrada responsable de la Fiscalía Anticorrupción y Delitos Económicos, Virginia Alonso anunció su intención de intensificar algunas de las investigaciones de mayor repercusión mediática como las que afectaban al Ayuntamiento linense o la Zona Franca gaditana.

Aquel anunció provocó entonces el entusiasmo del PSOE, que felicitó a la fiscal y la animó a entrar a fondo en estos asuntos. Esa reacción movió al PP a presentar una batería de peticiones a Anticorrupción para que analizara también casos que afectaban a cargos y familiares de los socialistas gaditanos.

En este primer año la fiscal de Cádiz ha visto además con preocupación la aparición de delitos de fraude relacionados con sociedades instrumentales. "Son casos que necesitan mucha investigación, afectan a muchas zonas. Determinar la competencia y meter a todas esas personas en un procedimiento es complicado", detalló.

Virginia Alonso mencionó como ejemplo la operación Alcón, acerca de la investigación de facturas falsas en el sector de la marroquinería de Cádiz, cuyas diligencias no lleva personalmente, aunque permanece atenta a la evolución del proceso. También se refirió en este sentido a la operación Karlos, de fraude a la Seguridad Social por falsificación de informes médicos.