Primer desencuentro en un pleno entre los socios del gobierno coruñés

La aprobación definitiva del estudio de detalle de la Urbanización de Capuchinas-Papagayo-Tabarés, el último trámite para la legalización de una polémica actuación urbanística en lo que fue el barrio chino coruñés, provocó el voto desigual de los socios del gobierno municipal, socialistas y nacionalistas, por primera vez en lo que va de legislatura. El BNG se abstuvo, lo que no impidió que la iniciativa se aprobase con los votos del PSdeG.

En el pleno celebrado ayer, los concejales del PSdeG (11) votaron a favor y los del BNG (6) se abstuvieron, mientras los del PP (10) se pronunciaron en contra.

La urbanización del Papagayo, viviendas de lujo en pleno centro, la había iniciado el último gobierno de Francisco Vázquez. Uno de los motivos de la polémica había sido que la autora del proyecto era esposa de un arquitecto municipal, sobrina además del propietario de la inmobiliaria que la promovió. También fue objeto de críticas el derribo de la que había sido la casa del cura del adyacente convento de las Capuchinas, inventariada como bien monumental, para facilitar la construcción del aparcamiento, diez plantas bajo tierra capaces de alojar casi un millar de plazas.

Con todo, el aparcamiento fue el aspecto más polémico, porque se construyó en suelo público vendido por el Ayuntamiento, una medida sobre la que el secretario municipal había emitido una advertencia de ilegalidad, que además no prescribiría con el tiempo. Todo ello había sido denunciado por el BNG, que incluso poco antes de las elecciones municipales se había dirigido a la Consellería de Política Territorial para solicitar que actuase ante lo que consideraba un caso claro de prevaricación y de corrupción urbanística. Los nacionalistas criticaban que el estudio de detalle para reajustar alineaciones y rasantes de la plaza interior de la urbanización, y que convertía unos semisótanos en bajos que serían propiedad del Ayuntamiento, era un método de legalizar obras irregulares mediante la connivencia entre promotores y el Gobierno municipal.

La comisión de urbanismo, que retiró el asunto del orden del día hace meses, aprobó ese estudio de detalle el pasado viernes, también con la oposición del PP y la abstención del Bloque. Los nacionalistas adujeron que no podían dar su aprobación a un proyecto que seguían considerando irregular y urbanísticamente nefasto, pero votar en contra supondría paralizarlo sine die y correr el riesgo de que la hacienda municipal tuviese que afrontar cuantiosas indemnizaciones.

En el pleno de ayer, el portavoz del PP, Carlos Negreira, reprochó a los nacionalistas el cambio de actitud y calificó la decisión del gobierno local de "una nueva ilegalidad" y "un pelotazo a los promotores de 8,5 millones de euros". "Están ustedes dando a la ciudadanía el mensaje de que vayan haciendo, que el Ayuntamiento ya legalizará", advirtió a la responsable de Urbanismo, la socialista Mar Barcón. Esta afirmó que el único objetivo del gobierno local "fue regenerar una zona degradada y rodeada de exclusión" y acusó al grupo municipal del PP de "extender sombras que después no van a tener que probar", al tiempo que les recordaba que en su día habían refrendado con sus votos la tramitación del proyecto.