Una ley pendiente de sus interpretaciones

La negociación de la conocida como Ley de Memoria Histórica se acerca a su momento definitivo. Los plazos son escasos y los grupos están a la espera de la respuesta definitiva del Gobierno sobre sus distintas reclamaciones. IU-ICV es la formación con la que el Ejecutivo está encontrando más dificultades para cerrar el pacto, aunque ya apenas se discute la redacción -que se ha modificado bastante desde el proyecto de ley que el Gobierno mandó al Congreso en julio de 2006- sino cómo interpretar lo pactado.

La clave de la norma está ahora en la fórmula que el Gobierno y sus socios de la izquierda sean capaces de encontrar para interpretar dos artículos. Por una parte, el 3.2 [arriba], que declara ilegítimas las condenas de la dictadura.

Los socios del Gobierno reivindican una condena más firme del franquismo

IU pretende que la exposición de motivos aclare dos cuestiones confusas del articulado

Y por el otro, una disposición adicional, que deroga la legislación de la represión. Por último, se negocia contrarreloj la manera en la que se condenará oficialmente el franquismo en la exposición de motivos de la futura ley. El Gobierno ha ofrecido una fórmula que no convence a sus socios porque hace referencia a otros pronunciamientos sin hacer una condena expresa.

Estas tres cuestiones se han añadido en la negociación, no estaban en el redactado inicial, pero sí aparecen en el último documento que el PSOE y el Gobierno ofrecieron a sus socios. Ahora ya no se discute ese texto, que tanto IU-ICV, PNV, como CiU -que ha logrado incorporar "por motivos de creencia religiosa" en el artículo 3.2- están básicamente de acuerdo con la oferta final en este punto, clave de toda la ley porque afecta a los juicios sumarísimos del franquismo.

Sin embargo, IU-ICV negocia ahora con los socialistas la manera de interpretar estos tres artículos. Al final, como sucedió en otra complejísima negociación en torno a los términos exactos de redacción como la del Estatuto de Cataluña, la cuestión se va a dirimir en la exposición de motivos. IU-ICV, y sus dos negociadores, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, reclaman al PSOE que de alguna manera figure en esa parte de la futura ley la explicación de estos artículos especialmente delicados.

Ellos quieren que haya al menos un hueco para que las familias de víctimas más interesadas, y especialmente algunos casos simbólicos -como el asesinato de Julián Grimau, por ejemplo, a la que el Supremo no quiso revisar la condena- puedan utilizar la ley como argumento de prueba frente a una eventual reclamación de anulación de las penas del franquismo. Si quedan derogadas las leyes represoras, si son declarados ilegítimos los tribunales, ilegítimas las condenas y se destaca su "carácter radicalmente injusto", dicen desde IU-ICV, es lógico que en la exposición de motivos se explique esta parte de forma que pueda ser utilizado como una prueba más ante un tribunal. El Gobierno, sin embargo, se resiste a que la ley tenga ningún tipo de efecto jurídico, porque entiende que hay que aceptar la idea de que se trata de algo ya juzgado y no tiene sentido, por motivos de seguridad jurídica, abrir la puerta a un proceso generalizado de reclamación ante los tribunales. Se trata, pues, de cómo se interpretan unos artículos.

Mucho más avanzado está el acuerdo en otros apartados de la ley, también muy relevantes. Por ejemplo, ya está prácticamente cerrado -aunque todo depende del acuerdo global- crear en el Valle de los Caídos una institución pública que sustituya a la actual fundación e "incluya entre sus objetivos honrar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió, con el objeto de profundizar en el conocimiento de ese período histórico y en la exaltación de la paz, de los valores constitucionales y el fomento de la memoria y cultura democráticas", según reza la última propuesta.

También se ha acordado eliminar una parte polémica del artículo 25: "Lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 57 será de especial aplicación cuando los documentos identifiquen a los autores o a otras personas intervinientes en los hechos o en las actuaciones jurídicas sobre los mismos, en cuyo caso los responsables de los archivos públicos sustituirán la entrega de una copia de los mismos por un certificado sobre su contenido, con el fin de preservar la identidad de aquellos". Para IU-ICV y varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, esto abría el paso a la impunidad de los verdugos, y el Gobierno ha aceptado retirarlo. También se ha quitado una referencia a los dos bandos que IU-ICV tampoco aceptaba.

En cuestión de fosas, se ha introducido otra novedad: "El Gobierno elaborará un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure una adecuada intervención en las exhumaciones y celebrará los oportunos convenios de colaboración para subvencionar a las entidades sociales que participen en los trabajos". Además, se negocia una mayor participación del Estado en la reapertura de fosas.