Anticorrupción denuncia una trama de corrupción urbanística del PP en Madrid

En la Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Esperanza Aguirre, ha operado una trama de corrupción urbanística que, presuntamente, dirigía su director de Urbanismo Enrique Porto, con la complicidad del alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP), y de su esposa -arquitecta municipal-. Esa es la conclusión de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre un escándalo urbanístico destapado por este diario. Anticorrupción acusa a los cargos del PP, entre otros delitos, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El 7 de noviembre de 2006 el PSOE, a través de los diputados regionales Modesto Nolla y Ruth Porta, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto trato de favor que el director general de Urbanismo en Madrid, Enrique Porto, había dado a terrenos de su propiedad en la localidad de Villanueva de la Cañada. Porto desbloqueó, en contra del criterio de sus técnicos, la aprobación de la urbanización de sector donde tenía intereses.

Este escándalo puso fin a la defensa que hacía Porto del conflicto de intereses que suponía resolver como director general de Urbanismo expedientes sobre planeamientos urbanísticos que había elaborado él o una empresa privada, Plarquin, que dejó tras ser fichado en diciembre de 2003 por Aguirre.

Anticorrupción sospecha que tal renuncia a seguir en esa empresa privada -dedicada a planeamientos urbanísticos- se hizo sólo a "efectos meramente formales". La Fiscalía detalla que Porto mantuvo vínculos con el administrador de Plarquin, José María Fernández del Río. La querella de Anticorrupción, ya admitida a trámite en un juzgado de Móstoles, se centra en una operación concreta: el desbloqueo del sector de Los Pocillos de Villanueva de la Cañada donde Porto tenía terrenos que luego revendió con notables plusvalías. Los hitos de esta operación urbanística son los siguientes:

-El 14 de marzo de 2003, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada que preside Luis Partida (PP) presentó para su aprobación ante la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, el plan parcial correspondiente al sector I de Los Pocillos. Lo habían diseñado profesionales estrechamente vinculados a Porto, a su vez autor como arquitecto privado del plan general de Urbanismo de Villanueva de 1999 en el que se ubicaba tal desarrollo. Entre sus redactores figuraban su socio en Plarquin, José María Fernández del Río, que encabezaba un equipo que incluía a un hermano y a una hija de Porto.

-Los técnicos de Urbanismo de Ruiz-Gallardón tumbaron el proyecto. En mayo de 2003, emitieron un informe por el que se oponían a la aprobación del plan por presentar varias deficiencias. La más grave era la inclusión en dicho plan de los terrenos de un monte preservado del cauce del arroyo de Pedro Elvira. La inclusión de los 45.030 metros cuadrados de montes preservados en el cálculo del aprovechamiento urbanístico del plan parcial, como si se tratara de suelo urbanizable, repercutía en un mayor volumen de edificabilidad. En concreto, según Anticorrupción, se lograban ilegalmente 89 viviendas más. La comisión de Urbanismo, a la vista de tales informes, devolvió el plan al Ayuntamiento que gobernaba Partida. Le dieron seis meses para corregir las deficiencias. Se tomó un año para hacerlo. Por tanto, a tenor de Anticorrupción, su plan estaba "caducado" cuando lo presentó de nuevo en Urbanismo el 12 de agosto de 2004. Para entonces, ya contaba en dicho departamento del Gobierno regional con un gran valedor: Porto, con intereses en dicho sector. Su plan no fue rechazado por caduco. Ni por sus persistentes deficiencias. a pesar de que la técnico informante volvió a reiterar la ilegalidad del plan por entender que seguían computándose como edificables el monte preservado. Porto allanó tales escollos para sus intereses inmobiliarios. La querella lo confirma: "Tal informe no fue aceptado por el director de Urbanismo, Enrique Porto, que tenía en el sector intereses económicos (...) y, ante la situación de oposición de la técnico de la dirección general, encomendó a Mariano Trías, en su condición de coordinador de programas, que hiciera un informe en el que se diera por subsanada la irregularidad relativa a los terrenos del cauce del Arroyo Pedro Elvira". Trías cumplió fielmente la orden. "Rehizo el informe de Norma Pérez Huerta, modificando el de ésta y confeccionando el informe de 23 de septiembre de 2004 en el que se consideraba los terrenos correspondientes al cauce del arroyo de Pedro Elvira como sistema general de espacios libres, al no ser ello incompatible con su consideración como suelo no urbanizable protegido y manifestando que en todo caso se han de considerar excluidos del sector los citados terrenos de monte preservado". Esa redacción final fue bendecida personalmente por el director general de Urbanismo, al que beneficiaba en sus propiedades. Porto "dio su conforme a este informe y el mismo fue incorporado al expediente y elevado a la comisión de urbanismo". Y con dicho informe, que orillaba el veto de los técnicos, la comisión de Urbanismo aprobó el 28 de septiembre de 2004 el sector vinculado a Porto, que asistió como ponente técnico a la reunión donde se le dio luz verde, hecho que destaca la querella. Porto acababa de favorecer la venta de sus terrenos.