Esquerra denuncia la catalanofobia de la "derecha judicial y mediática"
Esquerra Republicana (ERC) acusó ayer a la "derecha judicial y mediática" de "continuar atizando la catalanofobia" y de "responder de manera inadecuada" a las manifestaciones en las que se han quemado imágenes de los Reyes.
El consejo nacional del partido independentista realizó ayer un notable esfuerzo para mantener el equilibrio que le permita mantenerse en el Gobierno de la Generalitat junto a unos aliados que condenan sin tapujos la quema de imágenes del Rey y rechazan las aventuras soberanistas del lehendakari, Juan José Ibarretxe, dos asuntos sobre los que mantienen posiciones divergentes.
En el contexto actual, marcado por la perspectiva de las elecciones legislativas, ERC es además muy sensible a la presión de los sectores radicales del independentismo, que ven con simpatía acciones como la quema de fotos del Rey. Por este motivo, la resolución aprobada ayer por el consejo nacional se solidariza con las personas que, en el ejercicio del derecho de expresión, dice, "pudieran verse violentadas por el Estado". Es una alusión a los imputados por la Audiencia Nacional o a la revista El Jueves. Pero, acto seguido, la misma resolución reafirma el principio republicano del "respeto a la fraternidad entre personas y pueblos", que según sus redactores incluye a la figura del Rey.
Las dificultades para guardar ese equlibrio impidieron, sin embargo, que ERC decidiera presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2008. Su portavoz, Joan Ridao, considera que estos presupuestos no garantizan la cota de inversiones del Estado que Cataluña necesita y mantienen el gasto social en el mismo nivel que los anteriores.
Si estos dos aspectos del presupuesto se modificaran según los deseos de los republicanos, quedaría todavía por superar, dijo Ridao, la "decepción" que su partido siente por la respuesta dada por el Gobierno del PSOE a asuntos muy importantes para ellos en este tramo final de la legislatura, como la ley de la memoria histórica y el rechazo a sus pretensiones acerca del retorno del patrimonio confiscado por la dictadura a los partidos democráticos.
