El Gobierno pide al TSJ que pare un hotel en primera línea de playa en Calp

El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que se suspenda la licencia de obras que otorgó la Consejería de Infraestructuras y Transporte a la promotora Ifach Mar, SL, para poder edificar un hotel de 24 plantas a seis metros de la orilla del mar en Calp. El objetivo del Gobierno, según fuentes oficiales, es "paralizar el hotel que ocupa la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre". El Consell validó el proyecto, a su vez, autorizado por el gobierno local del PP en el anterior mandato.

El Ministerio de Medio Ambiente cree ilegal la licencia que otorgó el Consell

"El dominio público debe preservarse del urbanismo salvaje", razona el Ejecutivo

El Ministerio de Medio Ambiente reconoce que las tres plantas subterráneas del hotel, así como la piscina y los dos bares que se ubican en la planta baja, en contacto con el suelo, invaden la zona de protección que regula la Ley de Costas de 1988, y por tanto, todo el edificio queda también afectado. Y todo ello pese a que la Consejería se empeña en defender que el edificio constituye una segunda obra. "El uso de la servidumbre está prohibido", y se considera que es "ilegal la autorización de la Consejería de José Ramón Garcia Antón, para poder construir este edificio", argumentan fuentes ministeriales.

El departamento que dirige Cristina Narbona defiende la protección y cuidado del litoral para evitar "barbaries" de este tipo, según manifiestan fuentes ministeriales. "La servidumbre de protección debe reservarse del urbanismo salvaje que tanto autoriza el Partido Popular", denuncia el Ministerio.

El Gobierno ya anunció el pasado junio la interposición de un recurso contra la Consejería de Medio Ambiente, al que se le ha añadido la solicitud de paralización de las obras, con el fin de evitar llegar a un proceso administrativo donde se declaren de utilidad pública los terrenos e iniciar el proceso de expropiación, aunque, la ministra, Cristina Narbona, no descarta este trámite en caso de que el TSJ no frene la actuación que ha promovido la consejería.

El actual gobierno municipal, del PSPV, aplaude la intervención del Ministerio para poder frenar "el abuso del litoral, de altísimo valor medioambiental, a favor de edificios sin límite de altura y fuera del ámbito legal", según explica el alcalde, el socialista Luis Serna.

Fue el anterior gobierno municipal, presidido por Javier Morató del Partido Popular, el que aprobó la licencia de actividad a Ifach Mar, SL, siete meses después de que hubiera caducado la autorización de la Dirección General de Puertos y Costas, perteneciente a la Consejería de Infraestructuras y Transporte, emitida en mayo del año 2004.

En el informe de la dirección general al Ayuntamiento de Calp se resuelve otorgar al promotor Manuel Ferrando, íntimo amigo del alcalde, autorización para efectuar las obras del hotel bajo una serie de condiciones, entre ellas, "que la autorización quedará sin efecto por vencimiento del plazo de la misma, que será de dos años desde la notificación", realizada al Consistorio el 20 de mayo del 2004.

Según el acta del Ayuntamiento de Calp, es el 29 de diciembre del 2006 cuando el Consistorio otorga al promotor licencia de actividad al tener el informe favorable de la consejería, según indica el acta, y omitiendo que había caducado siete meses atrás dicha autorización, por lo que las obras, al iniciarse el pasado febrero, carecían de los permisos que requiere la ley.

En el informe de la consejería se recogía otro del Servicio Periférico de Costas, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, en el que se recordaba que los tres sótanos que se pretenden construir en el hotel afectan a la zona de servidumbre de protección, y que los sótanos pertenecen al hotel, por lo que todo el edificio está afectado por la servidumbre y señala que "las construcciones hoteleras están expresamente prohibidas en la zona de servidumbre de protección con el fin de garantizar la conservación y su construcción degradaría el dominio público marítimo".

La consejería rechazó las explicaciones del ministerio y reclamó, en el informe que emitió al Ayuntamiento que "la competencia es de la comunidad autónoma y no del ministerio", y alegó que "pese a que la construcción degradaría el dominio público, no hay que olvidar que la zona es de titularidad privada".