Voltios sin control

¿Qué tienen en común los policías locales de los Ayuntamientos canarios de Arona, Telde o Santa Brígida, los de la Generalitat Valenciana, los agentes del Grupo de Intervención Especial de los Mossos d'Esquadra, o un guardia civil de Roquetas de Mar, en Almería? Respuesta: la posibilidad de usar armas que descargan 50.000 voltios contra detenidos.

Para reducir al agricultor Juan Martínez Galdeano, que se presentó el 24 de julio de 2005 en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas presa de una fuerte excitación, los agentes usaron medios reglamentarios y no reglamentarios, incluida una defensa eléctrica, utilizada al menos por uno de los funcionarios. La autopsia que se practicó a Galdeano revela la utilización de un arma inmovilizadora o "pistola para aturdir", calificándola como "concausa (de la muerte) directamente relacionada con la detención". Se condenó a tres de los ocho agentes inicialmente procesados, pero la sentencia obvia las consecuencias penales de que uno de ellos usara un arma prohibida.

El caso Roquetas presenta similitudes con casos de otros países que alimentan serias preocupaciones de derechos humanos y muchas dudas sobre los efectos médicos de los dispositivos paralizantes de electrochoque, entre los cuales se encuentran las pistolas Taser. Los fabricantes presentan estas pistolas como "no letales", y como alternativa a la utilización de armas de fuego para el control de individuos peligrosos. Estas armas de alta tecnología, que disparan dardos que producen una descarga de 50.000 voltios durante cinco segundos, son instrumentos con capacidad de infligir dolor y susceptibles de ser utilizadas de forma abusiva. También arrastran un inquietante historial allí donde su uso se ha extendido, como es el caso de Estados Unidos o Canadá.

En EE UU, las pistolas tipo Taser se utilizan con demasiada frecuencia en situaciones en las que no está justificado el uso de fuerza letal -ni siquiera el de las porras- por parte de la policía. Las recientes imágenes del estudiante taseado por agentes de seguridad el pasado 17 de septiembre en plena conferencia del senador John Kerry en la Universidad de Florida son un ejemplo de ello. No era un peligroso delincuente ni quería atentar contra el senador. Le aplicaron 50.000 voltios por insistir demasiado en hacer una pregunta.

Existe un creciente número de muertes de personas sobre las que se utilizaron armas tipo Taser por parte de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos. Entre junio de 2001 y junio de 2007, un total de 269 personas han muerto allí tras recibir descargas por armas tipo Taser utilizadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En 39 casos, los forenses encontraron que el empleo de las armas tipo Taser fue causa o factor contribuyente de la muerte. También utilizó estas armas la 800ª Brigada de la Policía Militar, acusada de cometer abusos graves en la prisión de Abu Ghraib, en Irak.

¿Y en la Unión Europea? Aquí se avanza en la regulación y control del comercio de tales instrumentos, pero cuerpos de seguridad de al menos nueve países europeos cuentan con defensas eléctricas o tienen planes de adquisición.

En España, la situación es inquietante porque nadie sabe cuántos policías llevan en su cintura esta arma que aplica 50.000 voltios. La normativa prohíbe la publicidad, compraventa, tenencia y uso de defensas eléctricas salvo en el caso de funcionarios habilitados y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas, pero existen serias y fundadas dudas sobre su aplicación. Y aunque en nuestro país el uso no se encuentra generalizado por el momento, y los principales cuerpos de seguridad mantienen objeciones a su uso, la realidad exhibe una intolerable falta de control y descoordinación, hasta el punto de que el Gobierno central es incapaz de ofrecer datos sobre el número de defensas eléctricas a disposición del conjunto de las fuerzas de seguridad en España.

Este descontrol se hace patente cuando analizamos las comunidades autónomas. En algunas, las defensas eléctricas se excluyen explícitamente de la dotación; en otras, la reglamentación es ambigua o inexistente, y en otras, las permiten. Por ejemplo, en Canarias y Valencia estas pistolas están autorizadas para formar parte del equipamiento de las policías locales, pero queda en manos de los Ayuntamientos la decisión sobre su utilización. En Cataluña, la Generalitat ha reconocido la adquisición de pistolas Taser para el Grupo de Intervención Especial de los Mossos d'Esquadra.

Aunque los fabricantes y distribuidores de estas armas minimicen los riesgos advertidos por la experiencia mundial, el más elemental sentido común pide una suspensión inmediata de su empleo, a la espera de una investigación que evalúe con rigor sus efectos médicos, y que por supuesto sea independiente de los intereses comerciales y políticos que lamentablemente rodean a las defensas eléctricas.

El Gobierno español debe impulsar con carácter de urgencia medidas para hacer efectiva esta suspensión, pero hasta que esto ocurra, debe hacer cumplir al menos las regulaciones y controles contemplados por la actual legislación. De lo contrario, es probable que en un futuro no muy lejano el uso de armas de descarga eléctrica, incluidas las pistolas Taser, se haya extendido entre las fuerzas de seguridad, como en otros países, y hayamos tenido que lamentar más malos tratos y muertes. Son un peligro letal, pero perfectamente evitable.

Esteban Beltrán es director de Amnistía Internacional España.