Sevilla, tendencia a la baja
La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha abierto 140 investigaciones por supuestos delitos urbanísticos en lo que va de año. Y 11 de ellas han derivado en actuaciones penales contra responsables municipales. Son cifras muy superiores a las de otras provincias de extensión y población similar, aunque la Fiscalía destaca que se observa cierta tendencia a la baja. En 2006 el Ministerio Público abrió 353 diligencias por estos hechos.
En los últimos meses también se ha observado mayor colaboración de ciertos municipios para perseguir este tipo de delitos. Javier Rufino, el fiscal coordinador de Sevilla, destaca los casos de Alcalá de Guadaíra, Utrera y La Rinconada.
La Fiscalía hispalense destaca la proliferación de casas de madera en suelo rústico que se ha detectado en el paraje de Clarevot, entre Alcalá y Utrera.
La Fiscalía de Medio Ambiente las considera construcciones con vocación de permanencia y confía en que la Audiencia de Sevilla consolide un criterio de actuación para que sea posible derribar estas edificaciones ilegales. La Fiscalía hace un llamamiento a los Ayuntamientos y les recuerda su deber de perseguir las parcelaciones en suelo rústico.
Se trata de una "grave ilegalidad administrativa", señala Rufino, que no está considerado como delito en el Código Penal. "Sólo si van acompañadas de ciertas obras de urbanización e incipiente construcción y además afectan a suelo rústico especialmente protegido, es posible aplicar la vía penal. Y lo estamos haciendo en los supuestos de mayor entidad", enfatiza el fiscal.
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