Caride esgrime ante el PP un informe que avala la adjudicación del Barbanza

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, replicó ayer a las acusaciones del PP de "teledirigir" la adjudicación de la autovía del Barbanza con un informe de la asesoría jurídica de la Xunta, que destaca la "procedencia y pulcritud del método utilizado por la mesa de contratación". En una bronca sesión de la comisión de Ordenación Territorial, en la que compareció a petición propia, la conselleira hizo frente a las acusaciones de los populares, que pidieron su dimisión por dar "trato de favor" a la empresa que resultó finalmente seleccionada.

El portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, no escatimó adjetivos para referirse al procedimiento de adjudicación de la autovía y a la propia conselleira, a la que tachó de "novata" y "grosera" y recriminó su "indignidad". El diputado del PP denunció la "manipulación" de Política Territorial en el proceso, por descartar un primer informe, elaborado por una consultora elegida por concurso público, que seleccionaba la oferta de San José, y encargar una segunda evaluación "a dedo". El objetivo de ese cambio consistiría, según los populares, en adjudicar el contrato a Itinere, del grupo Sacyr, con la que la Xunta negociaba en aquellas fechas la eliminación de los peajes de Rande y A Barcala de la AP-9, de la que Sacyr es el principal accionista.

Caride se guardó su principal baza para el final. En su última intervención, sin tiempo ya para la réplica del PP, la conselleira leyó un informe de los servicios jurídicos de la Xunta que concluye la "procedencia y pulcritud del procedimiento utilizado por la mesa de contratación". Frente a ese informe, acusó la conselleira, el portavoz del grupo popular se dedica "sólo a la difamación".

Tampoco le tembló el pulso a la conselleira en sus acusaciones al PP, al que recriminó sus "infamias", realizadas "bien por ignorancia o bien por una concepción de la oposición política basada en la mentira y en la descalificación sistemática". Atribuyó al PP el intento de confundir a la opinión pública al asociar inversión con gasto para la Administración, lo que es "especialmente grave cuando nos referimos a quien tenía la máxima responsabilidad en esta materia", dijo en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No sabía lo que hacía cuando era conselleiro y no lo sabe ahora", agregó Caride, que tachó a los populares de "perfectos ignorantes" y les recriminó "que estén dispuestos a lo que sea: mentir, difamar, calumniar". "Para ustedes todo vale", añadió la conselleira.

Adjetivos aparte, Ruiz Rivas centró su intervención en intentar demostrar que el Gobierno gallego "decidió cambiar la valoración" de las ofertas y dio "trato de favor" a la finalmente seleccionada. Se preguntó Ruiz Rivas los motivos por los que no se siguió el primer informe, elaborado por la consultora Eptisa, y "se buscó a alguien para teledirigir lo que querían hacer". Así, culpó a Caride de encargar "a amigos o conocidos" el segundo informe, contratado por procedimiento negociado sin publicidad. A partir de ahí, trató de demostrar la vinculación "directa y profesional" de la conselleira con dicha empresa, TT&U. El administrador de esta consultora, Tomás Fernández, se encargó de un área del Plan General de Vigo en el que también trabajó la conselleira, por lo que era "su jefe", acusó.

Ninguna relación

No creo que haya un solo ciudadano de Vigo que crea que yo tengo nada que ver con el Plan General de la ciudad", replicó la conselleira, que garantizó que carece de "relación personal, familiar o profesional con ninguna empresa relacionada directa o indirectamente" con la adjudicación. Caride defendió el derecho de la mesa de contratación de solicitar "cuantos informes técnicos considere precisos". El segundo, añadió, se pidió "amparándose en esa cobertura legal", y no como resultado de "una decisión arbitraria".

El PP no hurgó en las acusaciones del pasado fin de semana, cuando aseguró que la consellería le mostró un expediente de la adjudicación con hojas arrancadas. En el debate se limitó a deslizar que la información que les fue mostrada era "incompleta". Como novedad, Rivas culpó a la Xunta de que, a través de otra filial, Sacyr se encargue del control de calidad de la obra. Caride le replicó con el pliego de condiciones del contrato, que establece que será la concesionaria la responsable de contratar dicho control.