Los agentes sociales llevarán el debate de la ley valenciana al Consell Escolar

Desde que la semana pasada el presidente Camps anunciara que "los alumnos de ESO estudiarán Educación para la Ciudadanía en inglés", una batería de novedades en materia de educación ha invadido la escena pública con ideas tan diversas como la elaboración de una "ley valenciana" de Educación, la habilitación de "aulas especializadas" para los chavales más conflictivos o la implantación de un "bono infantil de 250 euros" para financiar la escolarización de los menores de 3 años. Sin embargo, nada de ello se ha anunciado, comunicado o debatido con los agentes sociales y educativos que son, en última instancia, los interlocutores legales de la Generalitat en esta materia.

Desde esta óptica, la Federación de Padres de Alumnos de la escuela pública FAPA-Valencia, los sindicatos de izquierda y la primera fuerza de oposición del PSPV emplazaron ayer al consejero Alejandro Font de Mora a llevar el debate educativo al Consell Escolar Valencià. De lo contrario, precisó, la federación "presionará" para que sea convocado por la vía de "urgencia" dada la confusión generada. "Hoy son aulas especiales, y mañana ya veremos con qué nueva noticia nos da los buenos días el conseller de Educación", remató Gemma Piqué, de la ejecutiva de FAPA-Valencia.

"La consejería nos ha sorprendido esta vez con la reagrupación de los alumnos más conflictivos en aulas especializadas", señaló Piqué, "una medida que ha indignado a la federación de padres y madres". Por varias razones. Por un lado, puntualiza, porque revela la "falta de proyección en los centros educativos de las medidas de prevención y mediación de conflictos recogidas en el Plan PREVI de la consejería", puesto en marcha el curso pasado para "intervenir ante conductas problemáticas, fomentar la convivencia y proporcionar seguridad en las aulas".

No a la exclusión de alumnos

Nada de esto, al parecer, ha sucedido, según coinciden Piqué y el responsable de Educación del PSPV, Miguel Soler, que se oponen a "la exclusión del alumnado". Ante ello, son partidarios de reducir la ratio en las masificadas aulas valencianas -ya que, "si es difícil trabajar en un aula con uno o dos alumnos conflictivos, más lo es con 30 alumnos", precisa Piqué-, desdoblar grupos dentro de la misma aula y más profesorado.

CC OO remata que "el bono infantil en una autonomía que carece de una red universal de titularidad pública para los niños menores de 3 años supone favorecer, de nuevo, la iniciativa privada en los servicios educativos básicos". Y advirtió de que "habrá movilizaciones, en caso de la ley valenciana de educación se redacte sin la participación de la comunidad educativa y los agentes sociales".

Sólo Anpe, sindicato de derechas, valoró "positivamente" la iniciativa de "agilizar el Decreto de Derechos y Deberes", porque acorta el tiempo entre los hechos y la sanción, refuerza la autoridad docente y contempla aulas para alumnos conflictivos. Un tema que, a decir del consejero, no está cerrado: "En octubre se debatirá para que el decreto sea fruto del diálogo".