El plan de Brunete, en el limbo

El Plan General de Ordenación Urbana está a punto de cumplir un año a la espera del visto bueno del Gobierno regional. En octubre de 2006 la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, paró el plan cuando estaba sobre la mesa del Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. El documento ya tenía el visto bueno de la Comisión de Urbanismo. Y Aguirre condicionó su aprobación a que el Ayuntamiento, que dirige Félix Gavilanes, del PP, borrara 6.000 viviendas de las 19.646 previstas.

El alcalde asegura que a mediados de junio se entrevistó con la presidenta regional y otros altos cargos para desbloquear la situación. No obtuvo resultado. Gavilanes decidió entonces recurrir al silencio administrativo, porque habían transcurrido más de cuatro meses desde que el Consejo de Gobierno bloqueara el ordenamiento. A finales de julio, el PP de Brunete envió el documento al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación. Esto le daría plena validez. El consejero de Presidencia, Francisco Granados, rechazó en agosto que los planeamientos se aprueben por este procedimiento y anunció que la Comunidad estudiaría si interponía un recurso.

"No nos pueden tener así. Es una contradicción, primero aprueban el plan, luego lo paran y no nos dicen cómo seguir adelante", mantiene el alcalde. "Si la Aguirre defiende los intereses de sus ciudadanos, ¿por qué yo no puedo apoyar a mis vecinos?".

El año pasado parecía que Brunete lo había conseguido. Después de casi siete años de trabajo, la Comisión de Urbanismo del Gobierno regional dio el sí a su nuevo ordenamiento. El proyecto municipal prevé aumentar la población actual de 8.645 personas hasta 70.000. El alcalde lanzó las campanas al vuelo. Sólo faltaba la aprobación definitiva del Consejo de Gobierno. Un mero trámite, que en este caso se convirtió en escollo insalvable.

Entonces, Gavilanes negó que la decisión de la Comunidad estuviera influida por los escándalos urbanísticos que implicaron a Enrique Porto, ex director general de Urbanismo. La empresa de éste fue contratada por los propietarios de uno de los ocho sectores en los que se ha dividido el crecimiento del pueblo (sector 2 El Olivar). Según Gavilanes, antes de que llegara a Urbanismo.

Volver atrás

El regidor aseguró que "como siempre" acataba la decisión de la Comunidad. Pero no era sencillo. Si el municipio reduce edificabilidad en el conjunto del plan se enfrenta a una modificación sustancial, y tendría que volver atrás: con nuevos informes, aprobaciones en pleno e información pública. El Ayuntamiento está dispuesto a reducir edificabilidad, pero sólo en los sectores residenciales. "Eso si sería posible, pero no podemos volver a empezar desde cero. Sería ir en contra de los vecinos", dice Gavilanes.

Fuentes del PP aseguran que el trasfondo está en que el Consistorio se habría gastado el dinero recibido de los convenios urbanísticos con los promotores. Son acuerdos en los que éstos adelantan el valor de los derechos urbanísticos sobre el terreno que corresponden a los equipamientos municipales. Un sistema que ha derogado el Gobierno de Aguirre en su Ley de Medidas Urgentes. "Ahora el alcalde se ve en la encrucijada de que tiene que devolver el dinero", explican esas fuentes. La solución, agregan, pasaría por que la Dirección de Urbanismo informe directamente a los promotores de la reducción de los pisos. "Si una autoridad les dice que se van a reducir las viviendas, preferirán repartirse el pastel, aunque sea más pequeño, que no hacer negocio", concluyen. "El alcalde no puede solo".