Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Solbes cuadra un sudoku de 23.000 millones

El Gobierno responde a las demandas autonómicas con un aumento del 10% en las inversiones

Madrid / Barcelona
La tormenta política que habitualmente desata el reparto de la inversión del Presupuesto del Estado en las comunidades autónomas ha sido este año exasperada por las exigencias establecidas por los nuevos estatutos. El Gobierno central cuenta con cuadrar el círculo de las peticiones gracias al aumento del presupuesto, que se eleva a 23.300 millones de euros, 10% más que el año pasado. Cerrado un acuerdo con Cataluña y Andalucía, el Ejecutivo ha mitigado la tensión con aumentos de la inversión en feudos del PP, pero siguen lloviendo críticas desde autonomías de todo color político.

España se convierte en 17 comunidades de intereses cada vez que hay que repartir dinero público. La inversión del Estado en las comunidades autónomas con motivo de los Presupuestos de 2008 ha reabierto viejas heridas. Cataluña cerró un acuerdo el martes que le garantiza 4.300 millones el próximo año en virtud del Estatuto. Arreciaron las críticas. Dos días después, Andalucía amarró un pacto que le garantiza 4.000 millones. Ésa fue la espita definitiva que desencadenó una tormenta política a escasos meses de las elecciones, con sentimientos de agravio en autonomías de todos los colores políticos: desde Madrid (PP) a Extremadura (PSOE). El Ejecutivo ha mitigado algunos de esos fuegos con un fuerte aumento de la inversión en algunos de los feudos del PP: Castilla y León, Canarias y Comunidad Valenciana.

Los estatutos fijan hasta una decena de condiciones que complican el resultado

Cataluña critica la "irresponsabilidad" del PP por crear un clima de beligerancia

La clave es la subida del montante total de la inversión a repartir entre comunidades, que pasará de 21.130 a unos 23.300 millones, según fuentes del Ejecutivo. Más de 2.000 millones adicionales, que se concentrarán en carreteras y, sobre todo, en la red ferroviaria.

Ese incremento del 10% permitirá al vicepresidente Pedro Solbes cuadrar el complicado sudoku en el que se habían convertido las inversiones del Estado. Pero es muy improbable que el aumento del cheque inversor consiga acallar todas las críticas. Madrid crecerá, según fuentes del Gobierno, igual o por debajo de la media. Su presidenta, Esperanza Aguirre, no cesa de criticar el "mercadeo" de la negociación. Solbes se muestra lacónico, como de costumbre: "Cuando se construye un aeropuerto [en relación a la T-4 de Barajas, que costó 6.200 millones], no se puede levantar otro en el mismo sitio". "Las necesidades de inversión cambian de un año a otro, y el destino de las inversiones, también".

La polémica de las inversiones es heredera del agrio debate de la financiación autonómica, tan viejo como el Estado de las autonomías. Y de la controversia generada por los estatutos. El catalán, que tiene rango de ley orgánica -y por lo tanto de aplicación obligada, según el propio Zapatero- obliga a que la inversión estatal en infraestructuras equivalga, durante siete años, al peso de la economía catalana. Eso equivale a los 4.300 millones de 2008, cuyo anuncio llega en un momento político especialmente delicado, tras un verano caótico en las carreteras, el aeropuerto y las redes ferroviarias catalanas. El consejero catalán de Economía, Antoni Castells, va más lejos: "La situación de las infraestructuras catalanas es crítica por la grave insuficiencia de inversión de los últimos 15 años. La cláusula del Estatuto es excepcional y transitoria, y persigue corregir esa grave situación". Esquerra Republicana anunció ayer, en este sentido, que presentará una enmienda a los presupuestos para reclamar el "blindaje" de la inversión estatal en Cataluña en 2008.

Solbes dijo en la presentación del pacto que "cuanto mejor le vaya a Cataluña, mejor le irá a España. Y es el momento de mejorar las infraestructuras catalanas". "Siempre hay un pero", suele repetir el ministro, poco amigo de las alegrías presupuestarias. En este caso, el pero consiste en que la aprobación del Estatuto catalán hizo proliferar cláusulas parecidas en otros estatutos. En los cinco aprobados, más tres en tramitación, hay una decena de exigencias (ver cuadro). El andaluz, por ejemplo, obliga al Estado a invertir durante siete años en función de la población. En otros casos hay condicionantes como la extensión territorial, dispersión de la población o incluso la superficie forestal. "Preferiría que algunos criterios de inversión no se incluyeran en los estatutos. Nos complican la vida", reconoció Solbes el pasado viernes.

"La generalización de estas cláusulas es totalmente inviable", abunda Ángel De la Fuente, economista del CSIC. Sin embargo, el ministerio asegura que los acuerdos con Andalucía y Cataluña "son los dos únicos que obligan desde un punto de vista normativo a condicionar las inversiones. Los demás incluyen sólo principios generales y dejan margen de maniobra para cuadrar las inversiones".

La solución definitiva al sudoku de la inversión llegará el próximo martes, con los presupuestos. Hasta entonces, las comunidades que aún no han pactado cifras se emplean en alcanzar un acuerdo. "Tenemos previsto cerrar el pacto durante el fin de semana o en todo caso antes del martes", manifestó el consejero balear, Carles Manera. Es un ejemplo de las carreras de última hora en la sede de Hacienda. El equipo de Solbes tiene asumido que "es imposible contentar a todo el mundo". "Lo que es irresponsable por parte del PP y de algunos medios es crear este clima de beligerancia", apunta Castells.

El Ejecutivo valenciano (PP) lo escenificó el viernes. Su vicepresidente, Vicente Rambla, criticó por la mañana el "desprecio" del presupuesto por la región. Poco más tarde, su presidente, Francisco Camps, aseguró que la inversión en la Comunidad Valenciana estará "entre las que más crecen". Así son los sudokus.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de septiembre de 2007