El obstinado veto a TV3

No será ese su propósito, pero es muy probable que el presidente Francisco Camps acabe siendo el blavero del año, un título anacrónico que no se correspondería con sus pretendidos créditos liberales, pero que bien puede merecer si consigue cerrar, como parece inminente, las emisiones de TV3 en el País Valenciano. La mordaza es acompañada además de una exorbitante multa de 300.000 euros a la entidad Acció Cutural (ACPV), considerada para el caso como si fuera una gran corporación mediática implicada en una grave trasgresión, cuando se trata de una asociación sin ánimo de lucro que ha respondido a una tenaz demanda social. Tal es el rigor y la inquina de la sanción que habría de ejecutar la Agencia Tributaria.

Para consuelo del presidente hemos de anotar, sin embargo, que su pírrica hazaña no es original, pues ha tenido notables precedentes a lo largo de los 20 años en que se vienen difundiendo estas emisiones. En 1985, con el PSOE gobernando en Madrid y Valencia, ya se intentó clausurar manu militari el repetidor que hacía posible la llegada de la señal, lo que provocó una reacción cívica que, con su resolución y aportaciones económicas, financió la instalación de los nuevos centros emisores de Bartolo, Calicanto y Carrasqueta, entre otros de menor potencia. TV3 amplió así su cobertura, convirtiéndose de hecho en el tercer canal de la Comunidad Valenciana hasta 1989.

Pero en ese mismo año, y debido a la aparición de Canal 9, estalló el segundo conflicto. Las emisiones catalanas ocupaban las frecuencias destinadas a la televisión autonómica, incompatibilidad que el ministro José Barrionuevo y la Guardia Civil solucionaron precintando los centros emisores de Acció Cultural y obsequiando de este modo a la neófita TVV con una cuota de audiencia del 95%, ahorrándole asimismo a los espectadores del nuevo canal los trámites de poner antenas y sintonizar los receptores. Excelente botín. Pero la historia no acabó aquí porque la mentada entidad, ACPV, émula de Sísifo, consiguió volver a emitir cambiando las frecuencias de sus emisores, lo que reprodujo el proceso relatado: multas millonarias y campaña de donativos que acabaron invirtiéndose de nuevo en la ampliación de los receptores de señales y ondas catalanas que propiciaron la recuperación de las audiencias. Tras tanta agitación sobrevino un acomodo con el gobierno autonómico en virtud del cual los emisores de ACPV no transmitirían los partidos de fútbol en beneficio de Canal 9. ¡Qué mortificación para los responsables de Burjassot!

Con el presidente Eduardo Zaplana, en 1997 estalló otra vez la coexistencia en razón de la política lingüística del canal autonómico denunciada por ACPV. A modo de protesta, volvieron a emitirse los partidos de fútbol y técnicos adscritos al departamento de difusión de Canal 9 fueron sorprendidos saboteando los centros emisores para malograr la imagen. Denuncias y querellas no llegaron a puerto y, en cambio, una suerte de pacto de no agresión televisiva se prolongó hasta 2006, cuando la cadena estatal La Sexta ha ocupado las frecuencias y gravita el cierre arriba anotado de emisiones de TV3.

La rememoración de todas estas incidencias delata sobradamente que se trata de un problema político que no ha querido resolverse de la única manera posible: políticamente. Y que no se apele al imperio de la ley porque precisamente en la administración del espacio radioeléctrico vige el principio de la ilegalidad, alegalidad y arbitrariedad. Por otra parte, y sin perdernos en los detalles técnicos, el actual paso de las emisiones digitales a las analógicas facilita la solución que la Generalitat impide por ahora, pero que viene avalada por la razón y la democracia. ¿O es acaso razonable y democrático que se vete a una TV vecina, con la que compartimos la lengua y, a mayor abundamiento, exhibe una envidiable calidad profesional?

Y lo paradójico de este asunto es que Canal 9 y Punt 2 están emitiendo desde 1998 para las Islas Baleares así como para las provincias de Lérida y Tarragona. ¿No sería llegado el momento de formalizar -e incluso fomentar- la reciprocidad entre televisiones públicas del mismo ámbito lingüístico y dejarse de recetas fascistoides como el cierre de las emisiones de TV3 y la multa que glosamos?