Emakunde alerta de las deficiencias en los servicios de atención a mujeres maltratadas

"No hay nadie que lidere la atención a las mujeres maltratadas. Cada ayuntamiento responde como puede". Así de categórica se expresó ayer en el Parlamento Ana Alberdi, representante de Emakunde, al analizar la respuesta que los servicios sociales ofrecen a las mujeres víctimas de malos tratos, una lacra que va a más y ante la que las instituciones se muestran impotentes. Entre otras deficiencias en los servicios que atienden a las maltratadas, Emakunde alerta sobre la ausencia de una planificación en la asistencia y la falta de formación de los asistentes sociales.

La directora del Instituto Vasco de la Mujer, Izaskun Moyua, compareció ayer, junto con Alberdi, ante la comisión correspondiente del Parlamento para presentar un estudio que traza un panorama preocupante sobre la eficacia de los servicios de atención a las maltratadas. El informe vuelve a poner el foco sobre algunos problemas de los que ya alertó el Ararteko en sendos amplios estudios monográficos realizados en 1999 y 2003. Moyua reconoció en la Cámara que resulta "preocupante" que ocho años después de la publicación de ese primer trabajo del Defensor del Pueblo vasco se sigan registrando deficiencias en los mismos aspectos. "Hay muchas cuestiones que son mejorables que no se han revisado", se lamentó.

Entre sus recomendaciones, Emakunde solicita mejorar la formación de los profesionales que atienden a las víctimas, homogeneizar criterios de actuación instaurando un protocolo o guía única de actuación, unificar prestaciones e incrementar los recursos. La formación específica de los asistentes sociales que atienden a las víctimas de malos tratos fue una de las cuestiones en las que Moyua hizo hincapié. "La función de los servicios sociales en esta problemática no reside tanto en el acompañamiento sino en la información y la sensibilización para que la víctima entienda lo que le está sucediendo. Y esta labor no se realiza debido a la falta de formación", explicó.

El estudio de Emakunde, basado en encuestas a 83 organizaciones, servicios de atención municipal, a 22 mujeres y una serie de entrevistas en profundidad al personal técnico y a los políticos que se ocupan de este área, concluye que el 40% de los asistentes sociales no ha recibido ninguna formación específica para atender a maltratadas. Otro 41% asegura que sí y un 15% declara que se ha preparado por su cuenta. "Hay mucho terreno para trabajar en el aspecto de la formación, una de las áreas más importantes", destacó Moyua.

Improvisación

Los servicios sociales, especialmente los dependientes de los ayuntamientos, atienden todo tipo de casos y los de las mujeres maltratadas son otros más. De ahí que esos servicios se hayan convertido en una especie de cajón de sastre. Moyua enfatizó por ello la importancia de especializar al personal que trabaja en ese campo.

En una escala del 1 al 10, la directora de Emakunde puntuó con un "aprobado alto" el trabajo desarrollado por los servicios sociales. Aunque reconoció que los avances han sido importantes en los últimos años, la conclusión que se desprende del informe es que las instituciones funcionan en muchas ocasiones a golpe de pura improvisación y que los servicios surgen por iniciativas puntuales o necesidades inmediatas, en lugar de diseñarse a partir de una planificación global.

Esta forma de trabajar, dependiendo de la mayor o menor sensibilidad de cada institución, ha terminado por configurar un mapa de servicios muy diferente en cada ayuntamiento y en cada una de las tres provincias. "Es preciso subsanar la falta de normativa que ha propiciado un desarrollo desigual de las competencias asumidas por diputaciones y ayuntamientos. La ley debe cumplir una función garantista de los derechos de la ciudadanía a recibir una atención social de calidad independientemente del lugar de residencia", resaltó la directora de Emakunde.

Respecto a la existencia de un protocolo de intervención, sólo el 18% de los servicios sociales cuenta con una metodología de este tipo. La existencia de esta guía facilita la coordinación entre instituciones, permite ofrecer las mismas respuestas, orienta a los profesionales y garantiza una atención integral a las víctimas. De hecho, ocho de cada diez centros encuestados considera muy útil contar con un protocolo comarcal, municipal o interinstitucional para saber con precisión cómo hay que intervenir ante los casos de violencia conyugal.

En general, las usuarias de los servicios sociales valoran el apoyo recibido por los profesionales y los recursos que las instituciones ponen a su disposición, pero reclaman soluciones al problema del empleo y, sobre todo a la vivienda. Unas 500 maltratadas y un centenar de menores residen en la actualidad cobijados en los 60 pisos de acogida dependientes de las diputaciones y los ayuntamientos. El Gobierno acaba de aprobar un decreto que unifica los criterios para que las maltratadas reciban una atención similar en las tres provincias.