La presidenta de las Cortes somete a la Sindicatura la gestión de su antecesor

El entorno de Julio de España cree que esta decisión sólo intenta deteriorar su imagen

La presidenta de las Cortes, la popular Milagrosa Martínez, comunicó ayer a la Mesa de las Cortes su decisión de remitir a la Sindicatura de Comptes -el ente fiscalizador de la Generalitat- la liquidación de las cuentas de la Cámara correspondientes a 2006. Esta es la primera vez desde la constitución de las Cortes en 1983 que se remiten las cuentas fuera para que sean auditadas. La decisión fue interpretada en el PP como una iniciativa para cuestionar la gestión del anterior presidente de la Cámara, el popular Julio de España, que aspira a ser Síndic de Greuges.

El anuncio sembró el nerviosismo en las bancadas de populares y socialistas
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La presidenta de la Cortes, Milagrosa Martínez, reunió ayer a la Mesa y, entre los asuntos del orden del día, comunicó que había remitido la liquidación de las cuentas a la Sindicatura de Comptes. La iniciativa contó con el asentimiento de los dos socialistas representados en la Mesa, Isabel Escudero y Antoni Such. Sin embargo, cuando la propia presidencia de la Cámara difundió la iniciativa, los nervios empezaron a recorrer las bancadas del PP y del PSPV.

En el Grupo Popular la decisión de remitir las cuentas a la Sindicatura se interpretó como un intento por parte de Milagrosa Martínez de desmarcarse de la gestión de Julio de España y desvelar parte de la gestión realizada por el ex presidente de las Cortes. Las mismas fuentes achacaron la decisión a una directriz de Presidencia de la Generalitat.

Fuentes próximas a Julio de España relacionaron la sorprendente decisión de Milagrosa Martínez con el objetivo de deteriorar la imagen del ex presidente de la Cámara, que aspira a ser Síndic de Greuges tras haber sido elegido senador territorial el pasado mes de julio. "El presidente de las Cortes no puede contratar nada por un monto superior a los 30.000 euros sin someterlo a la Mesa, seguramente pretenden cuestionar alguna de sus decisiones cuestionando alguna subvención realizada por importe de 12.000 o 18.000 euros a alguna asociación", indicó la fuente, que recordó que los presupuestos de las Cortes, a excepción de un año que Esquerra Unida se abstuvo, se han aprobado siempre. "Y las liquidaciones se han aprobado también en la comisión de régimen interior", recalcó.

Parlamentarios conocedores del funcionamiento de la Mesa apuntaron a que la auditoría de la Sindicatura de Comptes permitiría desvelar el coste de los plenos itinerantes de las Cortes, aprobados por la Mesa, pero cuyo coste nunca se sometió a aprobación. Otras fuentes indicaron que la decisión de Milagrosa Martínez se produce cuando todavía pueden aparecer gastos realizados por Julio de España sin la adecuada cobertura presupuestaria y que tendrá que regularizar la actual Mesa de las Cortes.

En la dirección del Grupo Socialista, la posibilidad de que se fiscalicen las cuentas de la Cámara también provocó irritación y nervios, hasta el punto de que el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, recriminó a secretario segundo Antoni Such que no se hubiese opuesto a la iniciativa de Milagrosa Martínez. Pla argumentó que la presidenta sólo busca ganar protagonismo político enviando a un organismo que depende de las Cortes -la Sindicatura de Comptes- la liquidación de las cuentas de la Cámara, que es la depositaria de la soberanía popular.

El malestar por la decisión de la presidenta de las Cortes se produce después de desvelarse que la Cámara pagó en 2004 viajes a varios parlamentarios para acudir a partidos de fútbol.

La iniciativa de Martínez sienta precedente dentro y fuera de la Comunidad Valenciana. Si la ley del Tribunal de Cuentas, organismo fiscalizador en el ámbito estatal, le autoriza a fiscalizar el presupuesto de instituciones como el Congreso de los Diputados, lo cierto es que no se hace y estas instituciones, con interventores propios, se autocontrolan.

La situación varía de una comunidad autónoma otra. En el País Vasco, por ejemplo, las cuentas de la cámara autonómica sí son fiscalizadas. Sin embargo, en Andalucía la Cámara de Cuentas tampoco fiscaliza las cuentas del Parlamento andaluz. En este caso es la Mesa y tres diputados interventores los que se ocupan de supervisarlas.

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