Los estafados por Gescartera piden que se impute a los cargos del Gobierno de Aznar

Más vale tarde que nunca. Así lo debieron de entender 15 de las 40 acusaciones personadas en el juicio de Gescartera, que se inició ayer, y quienes, a través del representante de la Asociación de Usuarios de Cajas, Bancos y Seguros (Adicae), Miguel Ángel Roca, reclamaron la nulidad del proceso para que se pueda imputar y juzgar al ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna; la ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente, y el ex vicepresidente de la entidad Luis Ramallo, es decir, los responsables del Gobierno del PP que tenían la obligación de supervisar la actuación de Gescartera y no detectaron la actuación irregular ni el vaciamiento patrimonial de la agencia.

El ex secretario de Estado de Hacienda en el segundo Gobierno de José María Aznar, que es hermano de la que fue presidenta de Gescartera y una de las principales imputadas, visitó frecuentemente al propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, aunque en su declaración como imputado negó que hubiera beneficiado a la entidad.

Luis Ramallo, ex diputado popular y vicepresidente de la CNMV, recibió 3,1 millones de pesetas en regalos por parte de Camacho y la juez Teresa Palacios instó a que se le investigase por delito de cohecho. Pilar Valiente, aunque estuvo en el ojo del huracán porque Pilar Giménez-Reyna la mencionó en su agenda como la persona que avisó a Gescartera de los problemas que tenía con la supervisión de la CNMV, nunca declaró ni como imputada ni como testigo.

No obstante, y aunque el interés de estas acusaciones es legítimo respecto de los integrantes del organismo de supervisión de Gescartera, Adicae, en un comunicado hecho público ayer, realmente reclamaba que se declarase responsables civiles subsidiarios a los bancos Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Bankinter y Deutsche Bank. La razón de esta petición es evidente: seis años después de que estallase el escándalo, el dinero, 50,2 millones de euros, según el escrito del fiscal, sigue sin aparecer. Por tanto, aunque Cajamadrid y La Caixa están declarados responsables civiles subsidiarios, las acusaciones quieren que haya responsables con dinero que puedan afrontar las indemnizaciones que puedan declararse, a la vista de que presumen que el patrimonio de Camacho y de los otros imputados no va a servir para que consigan un solo euro.

La juez instructora Teresa Palacios nunca vio delito en la actuación de la CNMV y en el auto de apertura de juicio oral excluyó a Giménez-Reyna y a Ramallo de toda imputación, lo que suponía para ellos un sobreseimiento tácito.

El recurso correspondiente fue desestimado por Fernando Grande-Marlaska, sustituto de Palacios, pero para las acusaciones esa resolución no recogía motivación alguna, lo que a su entender supone una vulneración de la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución. De admitirse su petición habría que suspender la vista y anular todo lo actuado hasta que el juez explique por escrito las razones de la no imputación de los ex dirigentes de la CNMV.

Por si eso no fuera suficiente, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia declaró en mayo de 2004 que la actuación de la CNMV en la persecución de las irregularidades de Gescartera fue correcta y desestimó el recurso presentado por el Instituto Español de Misiones Extranjeras y Construcciones Aval SL, que reclamaba la responsabilidad patrimonial de la CNMV por mal funcionamiento de los servicios públicos, en concreto del servicio de supervisión e intervención de Gescartera. La omisión de la CNMV en el ejercicio de sus funciones de vigilancia e intervención de Gescartera habría obligado a la Administración a indemnizar los perjuicios causados a los recurrentes. Pero como la institución quedó exonerada, las acusaciones tratan de imputar a sus responsables.

El juicio se inició ayer con más expectación de los medios de comunicación que de los propios interesados, la mayoría de los cuales han sido indemnizados en mayor o menor porcentaje por el Fondo General de Garantía de Inversiones (Fogain). Quizá por eso, o porque ya estaban advertidos de que sólo se iban a dilucidar las cuestiones previas y que el principal acusado, Antonio Camacho, no declarará previsiblemente hasta el próximo lunes, sólo acudieron ocho de los 4.000 afectados.