La larga agonía del gobierno de los jueces

El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces que informa sobre proyectos de ley, decide los nombramientos en la cúpula judicial e impone sanciones a los profesionales, lleva 10 meses "en funciones". Tenía que ser renovado en noviembre de 2006 por un acuerdo entre partidos, pero el PP rechaza las ofertas del PSOE y mantiene así controlado un órgano que en estos meses se ha caracterizado por censurar las iniciativas legales del Gobierno socialista.

EL PAÍS sometió a debate este bloqueo con dos jueces y vocales del Consejo que representan a los dos sectores enfrentados: José Luis Requero (conservador) y Juan Carlos Campo (progresista). Lo que sigue es un resumen de su conversación.

Requero. Esta situación está prevista en la ley, pero es anómala. Lo normal es que las instituciones se renueven dentro de plazo. Se nota mucho en el ritmo de trabajo, en la dificultad para programar una agenda, el parón en los proyectos, porque no sabemos si vamos a continuar el mes que viene; esto ralentiza el funcionamiento del Consejo. Las comisiones funcionan con normalidad, pero no otros temas, como los nombramientos: tenemos un parón en unas plazas del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia que hay que cubrir cuanto antes.

Campo. Es una situación indeseable que confronta con el espíritu constitucional. La Constitución establece que el Consejo tendrá un mandato de cinco años. Cierto es que la Ley Orgánica dice que mientras no se proceda a su renovación continuará en funciones, pero creo que eso está pensado para un periodo transitorio corto. Esta situación perturba el ejercicio: no sabemos qué planificación puede hacerse ni a medio ni a largo plazo, y a veces ni siquiera a corto. Eso supone una degradación del órgano.

-¿Hasta cuándo están dispuestos a seguir así?

Requero. Tengo confianza en que esto se desatascará una vez que se celebren las elecciones generales. Es la lógica o la ilógica de la vida política. La lucha de partidos, la partitocracia, se ha llevado al seno del Poder Judicial, y los partidos se encuentran ante una tarta que hay que repartir, que exige unas mayorías muy cualificadas (lo que dificulta mucho la renovación). Y hay que hacer muchos pactos porque son muchos partidos los que quieren tener aquí representación y sólo hay 20 plazas.

Se habla de que existe un desacoplamiento entre la composición del Consejo y la de las Cámaras parlamentarias. Pero el Tribunal Constitucional dijo que el sistema que se estableció en 1985 de entera designación parlamentaria sería inconstitucional, y que [el Consejo] debía ser reflejo del tejido de la carrera judicial. Cuando se dice que este Consejo ha perdido legitimidad porque no se corresponde con la actual mayoría parlamentaria, eso es lo que el Constitucional dijo que sería contrario a la Constitución. Yo sostengo que desde 1985 vivimos una situación de inconstitucionalidad sobrevenida, porque todos los consejos constituidos desde 1985 han sido reflejo de mayorías parlamentarias.

Campo. Este Consejo es fruto del pacto de la justicia que dio lugar a un nuevo sistema de doble legitimación y calmó las pretensiones de la Asociación Profesional de la Magistratura [mayoritaria y conservadora] que reclamaba la designación directa de los vocales por las asociaciones. El problema no está ahí. ¿Hasta cuándo puede durar esta situación? Las Cámaras no logran el acuerdo, los vocales somos objetos de una negociación pero no sujetos de ella. Hay que ser crítico y ver a quién le interesa el cambio y a quién le perjudica.

El primer partido de la oposición [el PP] es quien tiene más que perder porque tiene una mayoría en el Consejo de la que ha hecho uso y a nuestro entender abuso. Primero se puso al lado del Gobierno, cuando mandaba el PP, y cuando a partir de 2004 gobiernan los socialistas se convierte en un azote permanente de cualquier iniciativa, sea competencia o no del Consejo, como el informe contra le Ley de Matrimonios Homosexuales o el Estatuto de Cataluña.

Requero. A quién beneficia o a quién perjudica eso, es una cuestión que se acabará sabiendo. Una vez metidos en la lógica de la partitocracia, que no comparto, desde el momento en que una ley de 2004 establece, para los actos más importantes del Consejo, una mayoría de tres quintos, parece razonable que, si un partido intuye que en el próximo Consejo estará en desventaja, quiera tener minoría de bloqueo (nueve de los 20 vocales). Pero a su vez nos podemos plantear si esta situación no beneficia al PSOE: si las encuestas electorales le son propicias, a lo mejor es una forma de reforzar su mayoría parlamentaria y quitarse la hipoteca de los grupos minoritarios y así tener menos bocas que alimentar.

Campo. Hay una realidad: ofertas concretas de renuncia del PSOE a la minoría de bloqueo por ambos partidos. La generosidad está demostrada. Ahora hay una mayoría en el Consejo afín al PP que tenía que haber expirado en noviembre. Creo que el legislador debería regular este periodo transitorio para evitar esta situación decadente en la que nos encontramos, quizá estableciendo que sólo se pudiera hacer gestión ordinaria, como existe en la Ley del Gobierno.

Requero. No sé cuales son las ofertas que se están haciendo. Creo que había una oferta de ocho vocales para el PSOE y otros ocho para el PP. Eso puede ser razonable, pero el problema, y vuelvo a la lógica de la lucha de partidos, es que tenemos cuatro vocalías más que se ofrecerían a determinados grupos que son aliados del Gobierno, con lo cual es una oferta ficticia. Yo, puestos a hacer elucubraciones, si se quiere que ningún grupo tenga mayoría, que uno proponga 10 y otro 10 y se pongan de acuerdo en el presidente.

Campo. No es un problema de los dos partidos. Son el Congreso y el Senado los que proponen. Es lógico que, en función de la representación que tengan en el arco parlamentario, tengan derecho a expresar sus opiniones y su voto.

Requero. Otra cosa de la que habría que hablar es de la presencia de determinados grupos minoritarios en el Consejo. Estamos viendo a diario las tensiones de carácter territorial e independentista que ya no se ocultan. Yo no sé hasta qué punto, con visión de Estado, merece la pena que determinadas minorías tengan aquí presencia cuando luego no actúan con lealtad. Meterlas en un órgano de Estado para no hacer política de Estado sino política de minar al Estado no me parece lo más razonable. Si hubiera sensibilidades nacionalistas leales, sí; pero si hay sensibilidades nacionalistas que son independentistas, me parece meter al enemigo del Estado en los órganos del Estado.

Campo. El Consejo es para todo el Estado, no sólo para aquellos que sean mis amigos. Rechazo rotundamente que no pueda haber sensibilidades distintas. El Estado se construye con la opinión de todos, eso es el juego democrático.

Requero. No se trata de impedir que todas las voces que hay dentro del Estado tengan voz y voto. Por supuesto que sí. Pero la experiencia diaria demuestra que hay gente que rechaza el Estado, que dice que no tiene nada que ver con él, que se considera oprimido por el Estado español. Me parece un sinsentido llevar a esas personas a un órgano del Estado.

Campo. Estás confundiendo tu deseo personal con lo que es un acto de soberanía de las Cámaras. Son ellas las que tienen que decidir. Debería producirse una reforma legal que contemplara que, en estos periodos transitorios, el Consejo en funciones tiene una limitación competencial.

Requero. Sería trasvasable la Ley de Gobierno al Poder Judicial, por supuesto que sí: que se estableciese una tarea de pura gestión. Y que aquellos nombramientos que no se hubiesen consumado al terminar el mandato del Consejo decayesen para que el próximo Consejo iniciase el procedimiento. No sería extravagante, pero creo que, aunque ahora tengamos plena competencia, tenemos autocontención y muchas iniciativas que están ahí desde hace meses, por un pacto tácito, no se tocan.

-Entonces, ¿cuánto tiempo va a aguantar el Consejo en esta situación de interinidad?

Requero. Hay que dejar a las Cámaras que renueven o no renueven el órgano, es su facultad. Sería contraproducente forzar una renovación desde dentro a base de crear tensión, presentar dimisiones y que trascienda la idea de que esto está hecho una ruina. No quiero imaginar que esto se prolongue más allá de las elecciones. Empezaría a sufrir claustrofobia.

Campo. El Consejo debe seguir funcionando, somos el Gobierno de los jueces. No debemos desde dentro reventar eso con actuaciones como dimisiones en bloque. Las rechazo. Tenemos que seguir viendo como espectadores esa negociación y esperar que culmine.