Los costes de la mayor expropiación de Galicia se han encarecido un 40%

La creación de la Plataforma Logística-Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan), el llamado puerto seco de Vigo, generó el mayor proceso expropiatorio que se hizo nunca en Galicia, 4.196.167 metros cuadrados en 'tierra de nadie'. Los afectados, sin embargo, siguen en pie de guerra. En 2004 la Xunta presupuestó 24 millones de euros para pagar el terreno, ha gastado ya 34,2 millones y, en lo que parece anticipar una vía al contencioso, se le reclaman 90 millones más. Los promotores sólo han reconocido que tal vez no es el lugar más indicado para el proyecto cuando ya no hay marcha atrás.

Las primeras noticias de crear un polígono industrial en Salvaterra las dio la Xunta en 2000. Entonces iba a ser un polígono de millón y medio de metros cuadrados, a desarrollar en tres años. La alta demanda lo fue agrandando hasta convertirlo en el segundo polígono de su género en España. En tres parroquias de Salvaterra y dos de As Neves, a 45 kilómetros de Vigo, compaginará el uso logístico e industrial con el de puerto seco. El puerto de Vigo es, de hecho, el principal propietario, con el 60% del suelo; Zona Franca y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), que gestiona la expropiación, se reparten el resto a partes iguales.

Las comunidades de montes de Salvaterra y As Neves dieron la base de la que nació la Asociación de Afectados por la Plisan, en 2001. El IGVS había encargado el trabajo de campo, el inventario de expropiación, que se ejecutaría por el método de tasación conjunta, a la UTE Norcontrol-Eptisa. No quisieron compartir la tarea con el equipo técnico-jurídico contratado por la Asociación de Afectados y levantaron acta de las propiedades no sobre el terreno, sino sobre el papel de un catastro minado de errores. Las hojas de aprecio de 2004 equivocaron medidas en las propiedades, confundieron la identidad de los propietarios e ignoraron la existencia de más de 2.000 fincas.

Tras una campaña de protestas sin precedente en la comarca, la UTE aceptó trabajar en colaboración con el equipo técnico de los afectados. Así afloró un total de más de 6.238 fincas, de las 4.000 iniciales. Podrían haberlas vendido sin conflicto a 9 euros el metro cuadrado, dicen ahora. El IGVS les ha pagado 6,11. El Xurado Galego de Expropiacións ha aumentado la tasación hasta 8,17. Los afectados piden ahora la revisión de los expedientes para reclamar 30. Más los recursos mineros -para los que ya hay un principio de acuerdo, a 3,75 euros el metro, para 1,5 millones de metros- y la madera, pendiente de negociar.

En los terrenos que configurarán la Plisan hay tres graveras y una cerámica. Cuando la Xunta planteó el proyecto, preveía la erradicación de las cuatro empresas. Después se reparó en que tendrían que indemnizarlas y la cifra iba a rondar los 30 millones de euros. Así que la idea se reemplazó por un convenio que respeta la continuidad de la cerámica y permite a las graveras seguir durante 20 años. Pero los propietarios de los terrenos expropiados donde se asienta esa actividad también reclaman indemnizaciones. Cada metro cuadrado esconde un promedio de 17 toneladas de áridos, que se cotizan en el mercado a 1,20 euros/tonelada. Del 10% al 30% correspondería a los expropiados, según la jurisprudencia obrante.

En 2005, tras cambiar la Xunta, los afectados se ofrecieron a negociar ese complemento con la Consellería de Vivenda. Dos informes jurídicos aconsejaron pactar a la Administración para evitar un contencioso que podía paralizar las obras . Las negociaciones han durado un año, y ya hay, desde el 31 de agosto, un principio de acuerdo que reconoce el derecho a indemnización, pero sólo a quienes lo hayan reclamado. En total 1,5 millones de metros cuadrados, que piden se les pague a 3,75 euros/metro. Es decir, casi otros seis millones de euros. Los pagarán las empresas graveras, que a cambio esperan compensaciones aún no concretadas.