Dos únicos jueces de Barcelona se encargan del control de 8.000 personas incapacitadas

La anciana D. G. M. se encuentra postrada en una silla de ruedas y vive en una residencia. Una juez de Barcelona declaró su incapacitación absoluta la semana pasada. Mientras viva, uno de sus nietos será su tutor y, por tanto, administrará sus bienes y se ocupará de su bienestar. Esta mujer tiene 85 años y es un caso paradigmático, pero no el único, pues en ocasiones se incapacita a personas con toda una vida por delante. En la ciudad de Barcelona hay más de 8.000 personas en esta situación jurídica y sólo dos jueces encargados de hacer un seguimiento de cómo viven.

El Código Civil prevé que la justicia pueda declarar la incapacitación de una persona cuando sufre una enfermedad psíquica o física que le impide gobernarse por sí misma. El año pasado entraron en los dos juzgados de estado civil y capacidad de Barcelona 972 peticiones de incapacitación. El actual sistema informático es bastante limitado y no permite conocer al detalle los porcentajes, aunque sí puede afirmarse que dos de cada tres de esas peticiones afectan a ancianos.

Los jueces de Barcelona conceden la gran mayoría de las peticiones de incapacitación tras un proceso que dura una media de siete meses. En ese tiempo, la persona afectada es explorada por el juez y el forense, y los familiares son entrevistados para descartar lo que la magistrada Sílvia Ventura, titular del Juzgado de Primera Instancia número 40 de Barcelona, califica de "demandas de mala fe". Es decir, una petición para deshacerse del familiar y quedarse con su patrimonio. No abundan, pero se dan, y no sólo de ancianos.

Una vez al año

En el caso de D. G. M., su patrimonio es una vivienda. Su único hijo falleció y el nieto se ha convertido en su tutor. El piso está alquilado y con esa renta y un dinero que aporta se pueden costear los más de 1.800 euros del geriátrico. La anciana está afectada por las secuelas de un accidente vascular cerebral y sufre un "deterioro global", dice la sentencia, que le hace requerir la ayuda de terceras personas. Repite lo que se le pregunta sin posibilidad de iniciar una conversación, ignora el precio de los productos habituales y desconoce que existe el euro.

Teniendo en cuenta que la mujer tiene 85 años, es previsible que no viva mucho más y, en consecuencia, el seguimiento judicial de su expediente será breve. Pero en otros muchos, una sentencia judicial que se dicta hoy puede arrastrarse durante años. La ley obliga a que los tutores rindan cada año al juzgado un informe sobre el patrimonio y el estado de la persona incapacitada, pero la realidad es que si no lo hacen no pasa nada. Es decir, que pueden haberse dilapidado su patrimonio casi con total impunidad.

"Alguien, no sé si la Generalitat o el Ayuntamiento, debería encargarse de ese seguimiento y entregar un informe al juzgado sobre cómo se encuentra esa persona y cómo se la está tutelando", explica Ventura. "En muchos casos, el dinero es lo de menos. Se trata de que ese anciano muera en soledad o que el enfermo no sea abandonado. Es ahí donde se ven las limitaciones del Estado social en el que vivimos", añade.

El panorama actual es que la justicia no tiene medios humanos ni materiales para velar por el seguimiento de los más de 8.000 expedientes de incapacitación que acumulan los dos juzgados de Barcelona y es aquí donde los jueces reclaman más implicación de la Administración. Y que, por lo menos, se cree otro juzgado para repartir el trabajo.

De los ex presos o enfermos mentales que se incapacitan, nadie quiere hacerse cargo. "A los familiares y amigos les cuesta mucho asumirlos, ¡pero alguien se debería ocupar de ellos!", añade la juez. El único organismo que actúa en esos casos es la Comisión de Asesoramiento y Supervisión de las Personas Jurídicas, dependiente del Departamento de Acción Social y Familia de la Generalitat, que encomienda a una fundación la tutela. La juez explica que en esos casos la nota característica es la burocracia y no la eficacia.

B. R. D. es otro ejemplo de un caso habitual. Mientras fue un menor estuvo bajo tutela de la Generalitat durante cinco años al proceder de una familia desestructurada. Cuando alcanzó la mayoría de edad fue la propia Administración quien pidió la incapacitación. La demanda fue rechazada por la juez en 2004 al entender que, pese a ser esquizofrénico, puede valerse por sí mismo, tiene trabajo y lo que necesita es control médico. Pero la Generalitat recurrió y la Audiencia de Barcelona le incapacitó. "Debería desterrarse cierto sentimiento paternalista. La incapacitación ha de ser restrictiva y declararse cuando no quede otro remedio", razona Sílvia Ventura. Pero tampoco en eso la justicia tiene un único criterio.