Bravo acusa a la justicia y a Hacienda de "irregularidades" en el 'caso Irún'

El ex senador del PNV VÍctor Bravo, hermano del principal imputado en el caso de la oficina de Hacienda de Irún, criticó ayer duramente la decisión de ampliar la investigación por el fraude, que tiene a su hermano José María como principal imputado. Bravo acusó a la Fiscalía, al juzgado y a la propia Hacienda guipuzcoana de llevar a cabo una investigación inquisitorial e irregular, imputando sin pruebas.

Victor Bravo, que dimitió de su cargo de senador el pasado mayo con el objeto de limpiar su nombre y por "responsabilidad política", se mostró ayer especialmente enfadado en los micrófonos de la Cadena SER, a pesar de no estar imputado en el caso. La Hacienda de Guipúzcoa anunció anteayer que inspeccionará 150 nuevos expedientes porque considera, según el diputado, Pello González, que "existen indicios más que razonables" de que hubo más irregularidades. Estos expedientes se remontan hasta 1990, por lo que entran de lleno en la etapa en que Víctor Bravo fue director de Hacienda (de 1991 a 2003).

"Dudo muchísimo que haya algo de cierto en todo eso. El que hace tan alegremente esas acusaciones y dice vamos a investigar, vamos a mirar, no tiene ni pajolera idea de un procedimiento administrativo. En este procedimiento se están produciendo irregularidades desde la Fiscalía, desde el juzgado, la Hacienda. Es de escándalo. Primero acusan y luego buscan las pruebas", manifestó Bravo.

El ex senador no entiende tampoco que las Juntas Generales de Guipúzcoa hayan decidido poner en marcha un Comisión de Investigación sobre el caso, alegando que no se sabe si hay o no delitos. González anunció el jueves que el objetivo de la comisión será colaborar con la juez del caso y con la Fiscalía.

Posible retraso

El Departamento de Hacienda de Guipúzcoa ha retrocedido sus investigaciones de 2001 a 1990 porque fue este año cuando José María Bravo se hizo cargo de la dirección de la oficina de la localidad fronteriza. El diputado foral anunció esta ampliación a sabiendas de que puede retrasar la conclusión de la investigación judicial, pero considera que es mejor que "el sumario sea lo más amplio posible".

José María Bravo, supuesto cerebro de la trama y principal imputado, se encuentra en prisión desde el pasado 18 de mayo. Está acusado de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales, mientras ocupaba la máxima responsabilidad en la oficina tributaria de Irún. Según consta en la denuncia de la Fiscalía, confirmada por la juez en los autos de prisión, negociaba las deudas de contribuyentes morosos, recibía pagos en metálico o en cheques, entregaba un justificante de embargo y la baja de insolvencia, sin que en la Hacienda guipuzcoana constara el ingreso de tales sumas de dinero. La Diputación calcula que las arcas forales han dejado de ingresar al menos cinco millones de euros y que los cuatro imputados se apropiaron de casi dos millones.

En los próximos días declararán como testigos en el juzgado que lleva el caso 26 personas afectadas por los expedientes.