"La vivienda pública que promueva la Xunta sólo saldrá en alquiler"

Lo inminente para la consellería que dirige la nacionalista Táboas es el decreto para la adjudicación de viviendas de promoción pública. En él se establecerá que todos los pisos que promueva la Xunta en las siete ciudades o en los cascos históricos de pueblos y villas, saldrá en alquiler, a precios que rondarán los 200 euros mensuales.

"Hemos recibido la herencia de una no política de vivienda, que se dejó en manos del mercado libre"

"Nunca los pisos fueron tan caros y pequeños. Hay que rebajar el margen de beneficios empresariales"

"Sin lugar a dudas, algún día podremos aprobar una ley como la de Andalucía"

"Espero que, en ocho o diez años, la vivienda deje de ser un problema en Galicia"

"La rehabilitación es un eje fundamental de la consellería, porque el territorio es finito"

Lo inminente para la consellería que dirige la nacionalista Táboas es el decreto para la adjudicación de viviendas de promoción pública. En él se establecerá que todos los pisos que promueva la Xunta en las siete ciudades o en los cascos históricos de pueblos y villas -o lo que es lo mismo, la práctica totalidad de la que ponga en el mercado-, saldrá en alquiler, a precios que rondarán los 200 euros mensuales. En la entrevista, realizada en gallego, la conselleira aboga por sentar las bases de una política de vivienda que, a medio plazo, permita promover en Galicia una ley como la anunciada por la Junta de Andalucía, por la que se garantiza una vivienda a las familias con rentas inferiores a 3.100 euros al mes.

Pregunta. ¿Qué frutos espera de toda la actividad legislativa de la consellería?

Respuesta. El objetivo es que los gallegos puedan tener acceso a una vivienda que les permita desarrollar su vida sin estar pendientes de las subidas del tipo de interés. O sin tener que hacer un sobreesfuerzo tal que les imposibilite acceder a esa vivienda. El artículo 47 de la Constitución, que tanto se invoca, habla de que todos los españoles tienen derecho a la vivienda, pero también de que serán los poderes públicos los que intervengan para poner el suelo y evitar la especulación. Para poder intervenir o equilibrar los precios del mercado hay que poner suficiente vivienda protegida en el mercado y para eso hace falta suelo. Nosotros recibimos la herencia de una no política de vivienda. Durante 16 años se dejó en manos del mercado libre, no se planificó y fue el mercado libre el que reguló el precio, lo que provocó procesos especulativos en nuestras ciudades y presiones urbanísticas en nuestras costas. Entre 1995 y 2005 se duplicó el precio de la vivienda. Nosotros en dos años hemos emprendido modificaciones legislativas de mucho calado que nos permiten obtener suelo y construir a precio limitado.

P. ¿Cuáles destacaría?

R. Ahora podemos hacer proyectos sectoriales para vivienda protegida, para actuar en ayuntamientos sin planeamiento. Y aumentamos hasta un 40% las reservas de suelo para vivienda protegida en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. La Ley del Suelo anterior contemplaba una reserva del 20%, pero lo hacía como gesto. No decía ni cuándo, ni cómo, ni con qué mecanismos de control.

P. Pero, pese a lo avanzado, los precios no se contienen en Galicia como en el resto de España.

R. Porque los ciclos económicos no van acompasados generalmente con los del resto del Estado. Comienza antes el bum inmobiliario en el resto del Estado y también finaliza antes.

P. ¿Cuándo se comenzará a notar en Galicia?

R. Bueno, empezó ya. En 2007 tenemos subidas por debajo de las de 2002 o 2003, que estaban alrededor del 12%. Pero de 1995 a 2005, la subida fue del 100%. Se duplicó el precio. No hubo ninguna respuesta ni planificación, que es lo que estamos haciendo ahora para evitar que los espasmos del mercado libre tengan consecuencias en las economías familiares.

P. La norma del hábitat va a establecer criterios rigurosos sobre la calidad de las nuevas construcciones. ¿No teme que repercuta en el precio de la vivienda?

R. No. La norma es vanguardista. Incrementa la calidad de la iluminación, de las dimensiones, de la ventilación... Esa vivienda, que para la mayor parte de las familias es la principal inversión que hará en su vida, tiene que tener una alta calidad, y eso debe estar recogido en una norma como la del hábitat gallego. Pero al final, el precio de la vivienda siempre se eleva al límite de lo que las familias pueden pagar. Nunca la vivienda fue tan cara, tan pequeña y de tan baja calidad espacial. A lo mejor hay que rebajar el margen de beneficios empresariales.

P. ¿Están zanjadas ya las diferencias sobre competencias con la Consellería de Política Territorial sobre la norma del hábitat?

R. Sí, sí. Nosotros con Política Territorial llevamos muchos meses trabajando. La ley de medidas urgentes o la reforma de la ley del suelo están pactadas y aprobadas. Somos dos fuerzas políticas. Yo soy una conselleira nacionalista y por lo tanto podemos no coincidir en algún punto, pero siempre buscamos el consenso y la negociación. Y la verdad es que son dos consellerías que están trabajando muy bien para alcanzar estos objetivos comunes del Gobierno gallego.

P. Cuando anunció que se reservaría el 40% del suelo residencial a vivienda protegida, la conselleira de Política Territorial lo descartó. Al final, se salió usted con la suya.

R. No, más que nada lo que sucedió es que nos sentamos los equipos de las dos consellerías, hablamos, expusimos nuestra propuesta y ellos la entendieron. Negociamos y consensuamos, dentro de los matices que unos y otros apuntamos, pero siempre con el mismo objetivo.

P. ¿Le gustaría disponer de competencias que ahora son de Política Territorial?

R. No. Estamos trabajando y todas las propuestas están saliendo adelante entre las dos consellerías.

P. Pronto presentará la nueva ley de vivienda. ¿Por qué es necesaria?

R. Porque hasta ahora estamos sacando adelante medidas referidas al suelo. Ahora tenemos ya listo el anteproyecto de Ley de Vivenda, que es la primera hecha desde la óptica social, entendiendo la vivienda como un bien de uso, no de consumo, como la ley anterior. La vivienda es un derecho universal, recogido así en la declaración de los derechos humanos de la ONU y en la Constitución. Somos un gobierno nacionalista de izquierdas, y la política de vivienda para nosotros es fundamental, un derecho junto a la educación y la sanidad. Ciertas fuerzas políticas sí tienen asumido en mayor o menor grado que la educación y la sanidad son derechos universales, planificados desde el ámbito público, pero la vivienda, no. Para este gobierno sí lo es.

P. ¿Qué novedades introducirá la nueva ley?

R. Muchas. Desde el propio derecho a la vivienda, la calidad, la rehabilitación... Para mí, la rehabilitación es un eje fundamental de la política de vivienda, porque es una forma de desarrollo sostenible y porque el territorio es finito. Primero hay que recuperar y después ocupar territorio.

P. ¿Primará el alquiler?

R. Sí. Hemos puesto en marcha un programa de alquiler que está subvencionado a más de 3.000 familias para que los beneficiarios no paguen más del 30% de sus ingresos. Para nosotros el alquiler es importantísimo. También por eso, el 5% del aprovechamiento no lucrativo será una bolsa de suelo público para que la Administración construya vivienda siempre en alquiler. En ese sentido, toda la vivienda que hagamos de promoción pública será sólo en alquiler. Queremos tener un parque de viviendas suficiente y permanente en alquiler, para las rentas que más lo precisen. De esa forma, podemos darle una respuesta a esas rentas con más dificultades para tener acceso a una vivienda, con alquileres de unos 200 euros. Después, cuando esas personas alcancen ingresos superiores, podrán optar a viviendas protegidas hechas por el sector privado o acceder a una libre. Pero en un primer momento, cuando hay mayores dificultades económicas, van a tener un parque de viviendas hecho por la consellería en las ciudades y en los centros históricos. Apostamos claramente por el alquiler. Lo hicimos primero con el programa de alquiler y después con esa reserva del 5%.

P. ¿Cómo se concretará esa nueva política de alquileres?

R. En el decreto de vivienda de protección pública, que se aprobará en el Consello en las próximas semanas.

P. ¿No será necesario cambiar cierta cultura predominante de propiedad de la vivienda?

R. No, porque ahí hay un error en la interpretación del propio artículo 47 de la Constitución, que es muy claro. Habla del derecho a tener acceso a una vivienda, pero no a ser propietario. Lo que hacen los países con una política de vivienda más avanzada es tener incluso más vivienda en alquiler que en propiedad. Los gobiernos de esos países ponen en marcha mecanismos para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda, pero no para que sean propietarios. Eso puede depender hasta de la propia voluntad. El alquiler tiene que ser una apuesta importante. Y este Gobierno hará una apuesta fuerte por el alquiler.

P. Ese artículo de la Constitución es el que invoca la Junta de Andalucía para garantizar una vivienda a las rentas inferiores a 3.100 euros al mes. ¿Es posible aprobar en Galicia una ley similar?

R. La ley andaluza, que conocemos a través de la prensa, es una ley que redunda en un derecho ya recogido en la Constitución. Es un derecho, pero los derechos hay que materializarlos. Nosotros también lo tenemos. Pero hay que disponer de las herramientas para poder concretar esos deseos: hay que construir viviendas, ponerlas en el mercado, obtener el suelo. Por lo tanto, precisa medidas legislativas de calado. Después hay que construir. Se necesita por tanto una ley de vivienda, una norma del hábitat gallego que prime la calidad... Es importante la intención, desde luego, pero lo es más concretarla, planificarla y trabajar sobre esa planificación, que es lo que estamos haciendo en Galicia, que llevamos dos años con esa intención. Vamos dando pasos. Las utopías se alejan de nosotros a medida que avanzamos, pero son buenas porque nos sirven precisamente para avanzar. Los pasos hay que darlos todos los días, con leyes y normas como las que estamos aprobando.

P. ¿Eso quiere decir que algún día podrá garantizar por ley lo que ahora propone la Junta?

R. Sin lugar a dudas.

P. ¿En qué plazo?

R. Esperamos que, en los próximos ocho o diez años, la vivienda deje de ser el problema que ha sido y está siendo para los gallegos: el problema de que no había oferta de viviendas a precio limitado y de tener que estar pendientes de las subidas de intereses o de crisis hipotecarias que suceden a 10.000 kilómetros de distancia.

P. Funciona desde hace meses un registro de demandantes de viviendas de promoción. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de las solicitudes?

R. A finales de este mes tendremos los resultados del primer semestre, pero desde luego es la primera herramienta para planificar la política de vivienda, y para hacer más transparentes los procesos de adjudicación. En unos días, lo que vamos a tener es la primera foto fija de la demanda de vivienda protegida, en qué municipios, qué tipo de vivienda, por qué gente. La familia tradicional ha cambiado, hay otras formas de convivencia y nuevas tecnologías que afectan a las viviendas, a las que por lo tanto hay que darles unas características diferentes. Ya no se demandan viviendas de tres o cuatro dormitorios, como hace unos años, porque la gente tiene menos hijos. Una de cada cuatro personas en Galicia vive sola. La oferta tiene que adaptarse a esa realidad.

P. También la política de parques empresariales ha cambiado respecto a la etapa del PP.

R. Cambió igual que la de vivienda. Por primera vez se planifica el suelo empresarial con respecto a la demanda. El Gobierno anterior hizo en 16 años diez millones de metros cuadrados, en su mayor parte en lugares donde no había demanda. Además, se permitió la especulación. En dos años, llevamos aprobados en el Consello de la Xunta 8,5 millones de metros, y en las áreas de mayor demanda: A Coruña, Santiago, Vigo... Y hemos puesto fin a la especulación, porque no se puede permitir que se expropien propiedades para suelo empresarial que, al final, se retienen con el objetivo de especular. Ahora, el suelo que se pone en el mercado se tiene que vender con un proyecto empresarial concreto. Y si a los tres años no se ha construido la nave, la Xunta recupera la parcela y la pone a disposición de quien sí quiera invertir.