Catorce años, más de diez jueces... y sin respuesta

Una foto, algo gastada ya, cuelga en casa de Benvingut Joals y Conxita Tarré. Tres chavales vestidos con el uniforme del equipo de fútbol local y el pelo revuelto sonríen a la cámara. Son Miquel, Nido y, en medio, Jordi, que apenas les llega al hombro a sus hermanos mayores. "Nido tendría hoy 41 años; Jordi acabaría de cumplir 32". Conxita se resiste a apartar la mirada de la imagen mientras recuerda en voz alta dónde estaba cuando la Pirotécnica Brau de Vidreres (Girona) voló por los aires. Ella y su hija Imma trabajaban en una tienda de Lloret. Benvingut paseaba en su autocar a unos turistas por Montserrat. En aquella explosión, el 3 de junio de 1993, murieron cuatro trabajadores. Entre ellos estaban sus hijos Nido y Jordi, el primogénito y el más joven. Tenían 27 y 18 años.

La Guardia Civil comprobó que el material pirotécnico almacenado contenía mezclas prohibidas

Una juez de Santa Coloma de Farners archivó la causa el año pasado al no ver indicios de delito

Nido ni siquiera tendría que haber estado allí. Era su primer día de trabajo. Solía ayudar a su padre, pero esa mañana decidió acompañar a su hermano y sacarse un dinero extra. Con la verbena de San Juan a la vuelta de la esquina, en la pirotecnia necesitaban personal. Llegaron a las ocho de la mañana. Hacia las 11.45 se produjo una explosión en una de las naves -"por causas desconocidas", reza el informe de la Guardia Civil del 12 de agosto- y la onda expansiva provocó una reacción en cadena. Otros tres almacenes quedaron reducidos a cenizas. El estruendo fue tal que en la zona creyeron que se había estrellado un avión. Encontraron restos de vigas a medio kilómetro. Cuatro horas después seguían explotando petardos, según recoge la crónica que publicó este diario al día siguiente.

Han pasado 14 años. Benvingut y Conxita ya no lloran, al menos en presencia de desconocidos. Pero en sus caras se lee el dolor. Son 14 años de espera, de lucha para llevar la muerte de sus hijos ante la justicia. El caso ha pasado de juzgado en juzgado, incluso por el Supremo, hasta quedar atascado en la Audiencia Provincial de Girona. Más de una decena de jueces lo han tenido entre sus manos pero no ha llegado a juzgarse. Son 14 años de llamadas al abogado, Jordi Ortigosa. Cada mes, sin falta. "Jordi, ¿hay algo nuevo?", pregunta siempre Conxita. El último capítulo de este culebrón judicial es el que más les ha dolido. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Coloma de Farners archivó la causa en noviembre del año pasado al no ver indicios de delito. Benvingut se lleva las manos a la cabeza al contarlo. "¿Cómo que no hay delito?", exclama. La decisión está apelada en la Audiencia de Girona. Otra vez a esperar.

En sus calificaciones provisionales, el abogado considera que se produjo un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad de los trabajadores. Los acusados son Rafael Brau y su mujer, María Rosa Estrada, propietarios de la pirotecnia; Manuel Borraz y Rafael Ríos, encargados de la empresa; Vidal Real, el guardia civil que debía inspeccionar el material almacenado; Lluís Terradas, director provincial en Girona del Ministerio de Industria y Energía y por tanto también responsable de las inspecciones; y Juan Vicente Jurado, Luis Casanovas y Joaquín Enrique Peñalver, tres empresarios proveedores de productos pirotécnicos prohibidos.

En la habitación donde cuelga la foto de los hermanos, al lado de otras de los autocares que ha conducido Benvingut, se amontonan los papeles. Son autos judiciales, atestados, informes, escritos de abogados... Con los años, se van desordenando, pierden las grapas y los clips. Lo que no impide que él tenga muy claro qué falló aquel día. No sabe qué provocó la explosión -nadie lo sabe, sólo que ocurrió en la nave donde descargaban material- pero sí que se podría haber evitado. Está convencido de que en los almacenes había más toneladas de productos pirotécnicos de las permitidas, pero no se ha podido probar. Explotaron junto con los edificios, los coches aparcados y los trabajadores.

Lo que sí confirmó el informe del Servicio de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil fue la presencia en las muestras de clorato potásico y aluminio en polvo en una misma mezcla pirotécnica. Algo que prohíbe la Orden Ministerial sobre catalogación de productos pirotécnicos del 5 de diciembre de 1991 por su elevado riesgo de deflagración. Se trata de dos compuestos muy reactivos. Otro informe, en este caso de la Dirección General de Minas, constata que muchos de los artefactos ni siquiera estaban catalogados. Ninguna de estas irregularidades fue detectada por las inspecciones de la Guardia Civil ni de la Delegación de Industria, denuncian las acusaciones particulares. Las cajas de material no se abrían, según reconoció en su declaración el guardia civil Vidal Real, sino que sólo se controlaban los albaranes de las entregas remitidos por fax.

Durante la instrucción, el juzgado solicitó un informe al Departamento de Trabajo de la Generalitat. Resultó, según un documento del 24 de octubre de 1994, que el centro nunca había sido visitado antes del accidente, "ya que la empresa no había comunicado su apertura a la Delegación de Trabajo". A la Dirección Provincial de la Seguridad Social tampoco le constaba. A los hijos de Benvingut y Conxita no los dieron de alta hasta el mismo día de la explosión. El gestor de la empresa alegó que el contrato era verbal y que disponían de cinco días hábiles para formalizarlo. Los padres, además, aseguran que sus hijos jamás recibieron formación para manipular artefactos pirotécnicos.

"Nosotros, en lugar de ir a ver a los nietos, visitamos nichos", sacude la cabeza Benvingut mientras Conxita muestra una fotografía tomada en un cementerio. La mano tiembla. Hay cuatro lápidas. Miquel, el tercero de los hermanos de la foto, el que sonríe a la cámara a la izquierda de Jordi, murió en un accidente de tráfico dos años antes de la explosión. En el coche iba otra hermana, Ester. También falleció. Tenían 22 y 21 años. "El accidente, con tiempo, lo puedes llegar a asumir. Pasa tan a menudo... Es mala suerte. Pero lo otro, lo otro no", suspira Benvingut. A los 65 años, a punto de jubilarse, parece que empieza a perder la esperanza: "Yo no veré el final, que es lo que quieren. Hay gente interesada en que este caso no se juzgue". Dice Conxita que a veces su hija, Imma, le pregunta por qué no lo dejan estar. No es por el dinero; no les va mal. "Queremos justicia para ellos".