El ex interventor de Orihuela atribuye el dinero que se llevó a "préstamos"

El ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, José Manuel Espinosa, acudió ayer a declarar como imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Espinosa atribuyó los 30.000 euros con los que en 2005 se fue a Zaragoza antes de confesar irregularidades en el Ayuntamiento a "préstamos" personales. El ex interventor declaró también sobre la emisión de facturas por intereses de demora a dos empresas proveedoras del Ayuntamiento. Según su abogado, los pagos están contemplados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La investigación se inició después de que el ex interventor confesara en 2005 en una comisaría de Zaragoza haberse apropiado de dinero de las arcas municipales, aunque su abogado, José Luis Bernabé, aseguró ayer que ese dinero "nunca salió del Consistorio" y que correspondía a un préstamo personal otorgado por una de las empresas imputadas.

El ex interventor prestó ayer declaración durante unos 40 minutos y, al finalizar, salió por la puerta de atrás del Palacio de Justicia para evitar a los medios de comunicación. También estaban citados a declarar los responsables de dos empresas proveedoras del Ayuntamiento, beneficiarias de las supuestas facturas irregulares, pero no acudieron al no haber sido localizadas.

Tras la comparecencia de Espinosa, el abogado del ex interventor, José Luis Bernabé, explicó a Efe que el Consistorio emitió a las citadas empresas facturas por los trabajos realizados y por los intereses de demora correspondientes a los atrasos en los pagos, algo que, según matizó, no era "doble facturación". El abogado recordó que la fórmula de pago de intereses de demora, cuyo objetivo es que "los proveedores puedan cobrar" y agilizar los pagos, había sido propuesta por el propio ex interventor y que está contemplada en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. "Estas facturas eran contabilizadas", resaltó Bernabé, quien destacó que él desconoce si "se pagaban o no".

En esta causa están personadas, junto al Ayuntamiento de Orihuela, las entidades bancarias Caja Mediterráneo (CAM) y Caja Rural. El letrado explicó que las dos empresas imputadas habían solicitado pólizas de crédito a las citadas entidades mediante certificaciones de pago del Ayuntamiento, mientras éste no pagaba el dinero correspondiente a los trabajos. Los créditos corresponden a cantidades superiores a 60.000 euros que ambas entidades no han cobrado, por lo que reclamaron por la vía de lo contencioso-administrativo que el Consistorio se hiciera cargo del pago. "Las cajas buscan la responsabilidad civil del Ayuntamiento", explicó Bernabé, quien aseguró desconocer por qué el Ayuntamiento se niega a pagar.

La acusación pública la ejerce el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que también mantiene abiertas otras seis denuncias contra el Ayuntamiento por supuestas irregularidades urbanísticas y contables.