La especulación: una pesadilla para la democracia

En el marco de una Europa que quiere ser líder tanto en el desarrollo económico como en el bienestar de las personas, fomentando la innovación, la transparencia de los mercados y la preservación medioambiental, y que propugna la habitabilidad y la sostenibilidad del hábitat, no cabe el mercado inmobiliario español. La Eurocámara ha condenado de forma reiterada el urbanismo salvaje llevado a cabo en España.

Puede parecer una pesadilla, pero sabemos que no lo es. Protagonistas (personas y gobiernos locales) de algunos de los mayores escándalos urbanísticos aflorados en los últimos años y meses fueron elegidos o reelegidos en las últimas elecciones democráticas municipales, y continúan formando parte del poder público local. Los ejemplos más sorprendentes son, quizá, los de Andratx (Baleares), Castellón de la Plana y Marbella.

El sector de la construcción ha sido un puntal del continuado crecimiento económico

Un análisis de estos hechos sugiere alternativas. Desvela su relación con el carácter altamente especulativo del mercado inmobiliario español, que atrae al capital, permite el blanqueo de dinero y ha ocasionado escasez de viviendas asequibles, derroche de patrimonio físico, cultural y ambiental, fraudes inmobiliarios y debilitamiento de la democracia.

Y ¿por qué este mercado es especulativo? Porque la propia naturaleza de los bienes urbanos -escasos y duraderos- ofrece al capital la posibilidad de comprar, acumular y retener terrenos y edificaciones, aumentando su escasez y su precio, en mercados como el español, con una demanda creciente de viviendas en las concentraciones urbanas, en áreas de segundas residencias y en zonas turísticas. Los especuladores tratan, además, de obtener rentabilidades extraordinarias de sus inversiones influyendo en los gobiernos que dictan o aplican las normativas respecto al uso del suelo, a la construcción de viviendas y a los planes de urbanismo. Pretenden que adapten dichas normativas a sus intereses o que simplemente toleren su no cumplimiento. Y lo han conseguido en demasiadas ocasiones, dado que la construcción supone ingresos para los ayuntamientos y que la avaricia de algunos alcaldes, ediles o funcionarios ha originado comportamientos corruptos.

Así, las viviendas de alquiler o de compra asequibles han ido desapareciendo del mercado. Proliferan, en cambio, las promociones inmobiliarias de tipo especulativo que no tienen en cuenta que la calidad y la preservación del patrimonio físico y ambiental tiene efectos positivos tanto sobre el bienestar de las personas como sobre el futuro de la economía; la calidad del entorno influye, por ejemplo, cada vez más en las decisiones personales y también corporativas respecto a viajes turísticos y localizaciones de empresas, en especial de las compañías más innovadoras y competitivas.

Pero ¿por qué una parte demasiado importante de la sociedad española tolera aún la especulación urbana? Primero: La escasez de viviendas asequibles ha motivado un continuo aumento de la compra de viviendas, tendencia favorecida por los bajos tipos de interés habidos en los últimos años. Estos propietarios-usuarios estiman positiva la revalorización de sus casas, aunque muchos sean, también, conscientes de que vender significaría quedarse sin techo y tener que migrar. Segundo: El pequeño ahorrador ha invertido a menudo en el mercado inmobiliario buscando seguridad y rentabilidad; para él ha sido también positivo el aumento de precios. Tercero: El sector de la construcción ha sido uno de los puntales del elevado y continuado crecimiento económico; ha creado riqueza y empleo. Casi todos, ciudadanos y administraciones públicas, temen que este sector entre en recesión, hecho muy visible en municipios pequeños donde la construcción y rehabilitación de viviendas es la principal actividad económica. Y vemos que el caciquismo, personificado en forma de promotores inmobiliarios, vuelve a imponerse en varios de estos municipios.

La mayor sensibilidad de los actuales gobiernos español y catalán respecto a los problemas de la vivienda, urbanísticos, medioambientales, de fraudes y comportamientos antidemocráticos, ha motivado la adopción de nuevas medidas legislativas. Pero la complejidad de la situación a la que se ha llegado, dejando funcionar libremente durante años el mercado inmobiliario de tipo oligopolístico, dificulta la eficacia de dichas medidas.

Quizá la vía del diálogo, la negociación y el pacto es la que puede obtener mejores resultados. Esta vía ha sido emprendida por el Gobierno catalán, no sin dificultades, con el Pacto Nacional por la Vivienda 2007-2016, en el que participan administraciones públicas, economía privada y agentes sociales. Este pacto propone, por ejemplo, la construcción de viviendas nuevas, protegidas y de alquiler de acuerdo con las necesidades existentes y previstas; esta propuesta no parece desdeñable ni para los consumidores ni para la economía privada cuando los aumentos de los tipos de interés hacen temer una reducción sensible de la demanda.

Hay que ofrecer, también, a los municipios más recursos financieros así como asesoramiento sobre sus potencialidades económicas y de cómo desarrollarlas. De esta forma podrán diversificar sus economías y evitar que el negocio inmobiliario prevalezca, o que se produzcan emigraciones masivas que suponen, en ocasiones, la desaparición de pueblos. Los planes estratégicos tendrían que cubrir todo el territorio y aplicarse con eficacia.

Hay que actuar sin demora para garantizar un hábitat digno para todos los ciudadanos, cumpliendo tanto con el derecho constitucional refrendado en nuestro país hace casi 30 años como con el Estatuto de Cataluña.

Carme Massana es profesora de Política Económica en la Universidad de Barcelona.