14.721 euros

Señalaba Carlos Marx, en esto certeramente, que la naturaleza ha determinado la esfera de actividades en las que, apaciblemente, se mueve todo animal "sin intentar siquiera echar un breve vistazo más allá"; y que los hombres, en cambio, gozan del enorme privilegio de poder buscar por sí mismos la posición más adecuada que desean ocupar en la sociedad, con el fin de ennoblecer la humanidad. Desde entonces la ciencia económica ha avanzado mucho en el análisis de los mercados laborales y, por supuesto, también en el del mercado laboral de la política, en el que las fuerzas de la oferta y la demanda determinan, como en los demás, la cantidad y la calidad de la clase política.

Dejando (ahora) al margen la cuestión de una demanda por políticos en la que, junto a una ciudadanía que en términos generales aspira a que los cargos públicos estén ocupados por personas honradas y eficientes, intervienen numerosos intermediarios (dirección de los partidos, grupos de presión, etcétera), el número de personas que están dispuestas a dedicarse al noble oficio de la política y su calidad profesional (la oferta) está determinada por un cálculo de costes y beneficios individuales. Así por ejemplo, y sin ánimo exhaustivo, entre los beneficios que un ciudadano puede lograr al dedicarse a la política destacan el salario que se obtiene en el cargo público; la posibilidad de obtener rentas adicionales como consecuencia de ocupar el puesto (durante o después de su desempeño), y ello tanto las que están permitidas (rentas de todo tipo: conferencias, consejos de administración, en especie, complementos retributivos consolidables...) como las no legales (corruptelas varias); la satisfacción que se alcanza al poder llevar a la práctica las ideas que uno defiende; o, simplemente, la obtención de un amplio reconocimiento social. Beneficios a los que se contraponen costes tales como los relacionados con el abandono temporal o definitivo de la propia profesión (y por tanto la renuncia a las rentas que en ella se obtendrían); la valoración que se tenga del tiempo libre (en política, muy escaso); o los relacionados con una exposición pública que, cada vez más, reduce el ámbito privado de la clase política a la mínima expresión.

Con independencia del peso que cada uno de los factores mencionados pueda tener en las decisiones individuales de las personas concretas que deciden dedicarse a la cosa pública (que podrían llevar al lector a entretenerse en catalogaciones que abarcarían desde los "políticos monje", o monja, que fieles a su voto de pobreza renuncian a posibles retribuciones adicionales, a los "políticos técnicos", que analizan el cargo público como cualquier otra oferta laboral) el hecho es que el conjunto de incentivos socialmente establecidos condiciona la elección y orientación de las políticas públicas y su adecuación a las verdaderas preferencias de los ciudadanos. En Alemania, ya en los años 80 del pasado siglo, se vivió un intenso debate doctrinal al respecto, al constatarse que durante la década anterior nada menos que el 46% de los cargos representativos federales y estatales habían sido ocupados por funcionarios, por lo que algunos llegaron incluso a proponer el establecimiento de la prohibición a los empleados públicos de presentarse a las elecciones con el objetivo de incrementar la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo y mejorar así la calidad de las instituciones democráticas.

En ausencia de un análisis específico del mercado laboral de la política en Galicia (regalo la propuesta de tesis doctoral) sí es posible intuir cómo se van configurando los incentivos que condicionan la oferta de trabajo en la política autonómica como consecuencia de la actuación de nuestros poderes públicos. Primero se incrementa el coste relacionado con la exposición pública de los candidatos dedicados a la empresa que decidieron presentarse a las últimas municipales. Después se incentiva económicamente con los célebres 14.721 euros de complemento retributivo a los funcionarios que ocupen altos cargos en la Administración autonómica, como por cierto venían ya cobrando los funcionarios del Estado. Parafraseando a don Carlos podríamos concluir, con ánimo meramente descriptivo, que estamos configurando, vía incentivos, un entorno natural en el que se moverán nuestros animales políticos, apaciblemente, "sin intentar siquiera echar un breve vistazo más allá".