Hijos de Don Quijote

El gobierno andaluz ha conseguido con su proyecto de ley de vivienda todo lo que propone George Lakoff en su ya famoso libro No pienses en un elefante. Los partidos políticos, los medios de comunicación, otros gobiernos autónomos, el Gobierno de España, los Ayuntamientos y los promotores han opinado y se ha formado un amplio e interesante debate que excede incluso el ámbito de la comunicad autónoma. Es raro que haya algún andaluz que no haya oído hablar del proyecto. El PP, su principal detractor, al hacer una reducción al absurdo ha contribuido a la difusión del proyecto, sobre todo cada vez que dice que el presidente de la Junta va a regalarle una vivienda a cada andaluz. No es el menor de los disparates, pero su contribución a la causa de la difusión del proyecto ha forjado el marco del que habla el investigador norteamericano. Los promotores del proyecto han conseguido con creces sus propósitos, al menos en el apartado de la difusión. Hasta las discrepancias del vicepresidente Solbes se han convertido en un agente propagador de la ley. En ese ámbito el éxito es total. El Gobierno andaluz ha ocupado el centro del terreno de juego en la política nacional y ha cogido con el paso cambiado a Javier Arenas, que ha acumulado toda una serie de perlas contra el proyecto de ley: es soviético porque propone alojamientos colectivos con servicios comunes, es franquista porque vuelve a los corrales, es un fraude, una chapuza, una promesa que se va a incumplir, es electoralista e incluso desincentiva casarse (sic). También pilló por sorpresa a Solbes que a pesar de su fama de riguroso habló sin saber. A la mayoría de los gobiernos autónomos los ha dejado en evidencia, hasta el punto de que se ha producido la curiosidad de ver a José Montilla y a Esperanza Aguirre en coincidencia política. Así que en este aspecto la Junta ha obtenido un diez. Ha puesto una iniciativa concreta sobre la mesa en un tema de interés general, en momentos en los que se habla del fin de la burbuja inmobiliaria y de crisis hipotecaria.

Cosa diferente es su oportunidad. Centrará los debates de precampaña y campaña en un asunto en el PSOE va a jugar con ventaja. Distinto es aprobar un proyecto de ley que no se va a poner en marcha en esta legislatura. Suena a electoralismo. No es que esté mal satisfacer a la mayoría, con en la famosa frase "tener el coraje de adoptar medidas populares", del tipo de subir pensiones o dar dinero por el nacimiento de niños. Son tentaciones que ningún gobierno resiste y si al final benefician a los que menos tienen, no está tan mal. Otra cosa es que el procedimiento lógico hubiera sido abrir un diálogo con ayuntamientos, promotores y sindicatos para sentar las bases con las que acometer la ley, sobre todo para el caso de que el Partido Socialista gane las elecciones. Ahora se ha convertido en el primer compromiso electoral del presidente de la Junta.

A mí me parece acertado poner por ley la posibilidad de reclamar un derecho, un poco al hilo del debate similar que hubo en Francia hace unos meses con los llamados Hijos de Don Quijote. Tiene un aroma social de mucho mayor calado que la propuesta de Javier Arenas para bajar los impuestos, que al final reduciría al Estado la capacidad de redistribución de la riqueza. Los socialdemócratas alemanes tienen una frase que viene al pelo "el mercado siempre que sea posible y el Estado siempre que sea necesario" y como ha recordado la consejera de Obras Públicas, muchos andaluces se han quedado fuera del festival inmobiliario y es obligación de la Junta incluir su derecho en la actuación pública. Hace falta conocer la memoria económica, aunque no parece ningún disparate que pueda haber fondos para construir 30.000 viviendas protegidas al año. Hasta la crítica sobre la posible picaresca es absurda, porque se puede hacer igual sobre las actuales VPO. Otra cosa son los plazos para poner el derecho en vigor de manera efectiva: aprobación de la ley, de su reglamento, ayuntamientos que ofrezcan suelo o lo tengan que recalificar, construcción y entrega de las viviendas. Cinco años mínimo. De todas formas al final da igual si es un principio rector o un derecho fundamental. Es una necesidad.