Un juez federal invalida parte de la Ley Patriótica

Un juez federal invalidó ayer una de las partes más importantes de la conocida como Ley Patriota, aprobada por los republicanos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El capítulo que ahora está siendo cuestionado es el que permite al FBI obtener todo tipo de datos personales sin autorización judicial previa. Hasta ahora, el FBI podía obtener a su antojo datos de clientes procedentes de proveedores de Internet, compañías telefónicas, bancos, bibliotecas y otros negocios. Los agentes simplemente tenían que enviar un documento conocido como "carta para la seguridad nacional" para pedir datos de clientes sospechosos de ser espías o terroristas.

Las empresas debían mantener en secreto esta petición y no la podían rechazar. Estas cartas ya existían desde 1986, pero las veces en que se utilizaban eran escasísimas. La Ley Patriota simplemente las convirtió en una herramienta policial habitual. Entre la información solicitada, hay datos bancarios, fotografías, páginas web visitadas, información crediticia o hasta listas de libros prestados o comprados. Según un informe del Gobierno, el número de cartas emitidas por el FBI en el año 2005 fue de 47.000.

En la sentencia, de más de 100 páginas, el juez Víctor Marrero asegura que la ley impuesta por los republicanos viola "la primera enmienda y la separación de poderes". La primera enmienda es la que protege la libertad de expresión y de prensa. Según el juez, es necesario paralizar este sistema de seguimiento de ciudadanos por "la seriedad de la posible intrusión en los asuntos personales y la posibilidad de un efecto escalofriante para la libertad de expresión y reunión".

El juez asegura en su fallo que estas cartas pueden violar los derechos básicos de los ciudadanos al solicitar listado de correos electrónicos o desvelar la identidad de usuarios de foros y chat de Internet que se escudan tras el anonimato para expresar sus opiniones. "Hasta pueden pedir un rastro de las páginas web visitadas y las búsquedas hechas en Internet", dice el magistrado. El FBI no tiene que detener este procedimiento inmediatamente, ya que el Gobierno federal tiene todavía 90 días para apelar la decisión.