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Mutua Universal desvió a empresas privadas 12 millones de fondos públicos

El fiscal asegura que las sociedades instrumentales inflaron las facturas hasta un 70%

Mutua Universal desvió más de 12,3 millones de euros de fondos públicos a empresas controladas por altos cargos de la entidad con el único fin de enriquecerse. Ésa es la tesis que sostiene el Fiscal Anticorrupción en la querella que ha dado pie a la investigación que realiza un juzgado de Barcelona y en la que se relata que, para facilitar el fraude, se utilizaron una veintena de sociedades. Algunas de ellas inflaron las facturas hasta en un 70%. La fiscalía también cree que los cinco querellados emplearon fondos de la mutua para inversiones inmobiliarias particulares.

Entre los querellados figuran el director gerente de la mutua, Juan Aicart, que dimitió de su cargo al conocerse los hechos y a quien se considera el máximo responsable de la trama. También están implicados el subdirector territorial, Eduardo Villa, "hombre de máxima confianza" de Aicart, y Enric Torné, encargado de los extornos a empresas (la parte de la prima que devuelve la mutua al mutualista al producirse alguna modificación de las condiciones de la póliza).

Según la fiscalía, Torné era el encargado de mantener una contabilidad oculta y actuaba siguiendo instrucciones de Villa y de Aicart. Los otros dos querellados son el auditor interno José Luis Pérez y el director de Recursos Humanos, Francisco Teixidó Navarro.

El Fiscal Anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled, les acusa de los delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, apropiación indebida y delito societario. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, que ayer levantó el secreto de sumario.

Denuncia anónima

La pista sobre el fraude vino por una denuncia anónima ante la Intervención General de la Seguridad Social. Posteriormente, una ex directiva de la mutua ratificó esas y otras irregularidades en la fiscalía. Mutua Universal es la tercera mutua más importante de España en accidentes de trabajo y presta sus servicios a más de 142.000 empresas y a millón y medio de trabajadores.

La querella de la fiscalía relata, en la línea del informe elaborado en su día por la Seguridad Social, que el desvío de los fondos públicos se orquestó a través de sociedades mercantiles vinculadas a la mutua, que facturaron servicios con precios muy superiores a la media del mercado, o que actuaron como intermediarias con los proveedores para encarecer artificialmente el importe.

Las sociedades instrumentales estaban controladas por Aicart y el resto de los querellados, que se iban turnando en los cargos de dirección, explica el fiscal. En otros casos, las sociedades pantalla están presididas por ex directivos de la mutua. Es el caso, por ejemplo, de la Previsora General Mutualidad de Previsión Social, presidida por Eduardo Guedea, jefe de personal de Mutua Universal hasta 1995. O de Santa Iscla Unión SA, cuyo administrador único es Juan Bou, directivo de Mutua Universal entre 1969 y 1990 y actualmente jubilado.

Muchas de estas sociedades tenían como único cliente a Mutua Universal. En total, son una docena de empresas que facturaron más de diez millones de euros, lo que supuso el 87,6% del total de sus ventas realizadas.

El fiscal también relata que otras siete empresas que conforman el llamado grupo Premeser facturaron otros 2,3 millones de euros para realizar el control y seguimiento de las incapacidades temporales. De esa cantidad, 2,02 millones euros fueron girados por Proyecto Sound SL. Esta sociedad, junto con Centro Catalán de Medicina y Salud SL y Centro Canario de Medicina y Salud SL, han facturado prácticamente en exclusividad a la mutua. El fiscal relata que no existen facturas justificativas de esos trabajos y que los precios están inflados en un 70%, por encima de la media de otras empresas.

La fiscalía también considera que los querellados que dirigían esas empresas recibían "retribuciones desproporcionadas" con fondos procedentes de la mutua y que otras cantidades se emplearon para realizar promociones inmobiliarias en su beneficio personal a través de las sociedades laborales instrumentales Reston Conforting, Rigos Star SL, Santax Trade, Goldaina y Asgenta.

Artimañas

En otros casos, sigue relatando la querella, el desvío del dinero fue todavía más directo y se cargaron directamente a la contabilidad de Mutua Universal gastos que corresponden a estas sociedades, si bien no se concreta la cantidad. Del mismo modo, el fiscal asegura que "un número elevado de trabajadores en nómina" de la mutua trabajan en realidad para esas sociedades.

Otra de las artimañas utilizadas para defraudar consistió, según el fiscal, en retornar a las empresas instrumentales las cantidades percibidas por la mutua y no gastadas que en realidad deberían haber sido devueltas a la Seguridad Social.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de septiembre de 2007