16.000 estudiantes valencianos acaban el curso sin obtener el título de Secundaria

El comienzo del curso escolar, el viernes, está sometiendo al sistema educativo valenciano a severos diagnósticos. Mientras el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, presume de que "un tercio de los centros escolares se han construido en los últimos 10 años" de Gobierno del PP; el PSPV alerta de que un promedio de 16.000 alumnos valencianos por curso no acaba la Secundaria. Es decir, que un 34,4% de estudiantes de ESO fracasa o abandona sin acabar esta etapa, lo que supone la incorporación al mercado laboral de más de 160.000 jóvenes sin título en una década.

El curso arranca con 26 centros construidos, que suman 13.150 plazas escolares más

El nuevo curso escolar 2007-2008 -que comienza mañana para los alumnos de Infantil y Primaria y el próximo viernes para los de enseñanzas medias- arranca con 733.225 alumnos matriculados. La cifra, que supone un 2,82% más, supera por primera vez al ejercicio de 1995-1996, cuando se registraron 723.485 estudiantes.

Este crecimiento, según explicó el consejero valenciano ayer en rueda de prensa, se debe en gran medida al incremento sostenido de alumnos hijos de extranjeros en el sistema valenciano: que en sólo una década ha pasado de 5.746, a los 81.319 extranjeros matriculados este curso. Aunque, según el Anuario de 2006 del Ministerio de Educación, el 86% se concentró en el sistema público, y en una autonomía donde el equilibrio de la matrícula de la red pública y la privada concertada hace un lustro que inclinó en favor de esta última.

La Administración valenciana sostiene, sin embargo, que el crecimiento del colectivo de alumnos inmigrantes le cuesta cada curso "427,5 millones de euros", lo que le sirve de plataforma de reclamaciones al Estado, ahora gobernado por el PSOE, al que reprocha que sólo "aporta en ayudas 10,5 millones".

Lo que no dice el consejero es que la nueva Ley de Ordenación Educativa (LOE) -que se estrena este curso- supondrá una inyección extra de financiación estatal para la Comunidad Valenciana que asciende a 714 millones (de los cuales el 60% lo pone el ministerio y el 40% la consejería) según consta en la Memoria económica de la citada ley, tal y como le recordó ayer al consejero el responsable de Educación socialista, Miguel Soler.

Soler le recordó "los 122 millones que el ministerio ha transferido entre finales de 2005 y 2007", y se preguntó: "¿Dónde están los que tendría que haber aportado la Generalitat?"

El socialista también subrayó cómo su predecesor al frente de la consejería, Esteban González Pons, renunció a la financiación estatal en materia de leyes educativas en "una Comunidad con competencias transferidas desde 1984" y dejó que corrieran a cargo del Presupuesto de Generalitat. De hecho, las tres leyes educativas del PP (la de educación LOCE, la de Formación Profesional y la de Universidades) se aprobaron sin memoria ni financiación.

Con todo, el actual consejero Font de Mora -rodeado del equipo directivo de la consejería- prosiguió con el guión estrenado este verano por los populares valencianos, y acusó al Gobierno socialista de Zapatero de "discriminar a la Comunidad Valenciana" en materia de financiación educativa.

Font de Mora, fue incluso más lejos en sus referencias al sobrecoste anual que supone para la Generalitat la escolarización de los 81.319 alumnos inmigrantes. Y, en un intento ejemplificador por trasladar de manera gráfica el coste que supone la escolarización de este colectivo, llegó a afirmar que "la cifra [de hijos de extranjeros matriculados] equivale a la ocupación de 21 centros escolares".

Font de Mora prosiguió la presentación del inicio de curso, destacando "importantes novedades", que calificó "como hechos concretos que evidencian la apuesta del Gobierno Valenciano por la mejora de la calidad educativa". Entre los cuales citó que "el curso comienza con 26 centros nuevos", 9 de Infantil y Primaria y 17 de Secundaria, que suman 13.150 nuevos puestos escolares más. Sin contar con los "217 centros que en este momento están en alguna fase de construcción". Estos centros en construcción explican -en cierta parte, aunque no del todo- el que el PSPV eleve a 30.000 el número de alumnos que estudiará en barracones.

La empresa pública Ciegsa, según sus propios datos, cifra en 1.289 el número de aularios prefabricados que habrá este curso. Unos proceden de situaciones crónicas donde, por falta de suelo para ampliación o nueva construcción, los alumnos se han graduado íntegramente en barracones, sin pisar un aula de ladrillo. Y, otros, porque en efecto en la legislatura pasada se aceleró la liberación de suelo municipal para poder poner en marcha "los 217 centros que están en alguna fase de construcción".