Con la vista en las elecciones de marzo

La crisis de las infraestructuras ha amargado las vacaciones políticas a los partidos catalanes, sobre todo a los del Gobierno de la Generalitat. El curso comienza con esta asignatura pendiente de resolución y con la incertidumbre de si Convergència i Unió (CiU) logrará convertirse en complemento imprescindible para el PSOE en el Congreso, con las consiguientes derivadas para la continuidad del Gobierno tripartito de izquierdas en Cataluña. El candidato de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, lo proclamó ayer mismo: "Pretendemos que los resultados de las elecciones generales permitan dar la vuelta a la situación política en Cataluña".

Hasta marzo de 2008, el calendario de los partidos tiene dos hitos. La negociación de los Presupuestos Generales del Estado y el Debate de Política General, previsto para el 25 de septiembre en el Parlamento catalán. En ambos asuntos, la crisis de las infraestructuras tomará su protagonismo. Para apoyar las cuentas del Estado, los partidos catalanes exigen el cumplimiento estricto de la Disposición Adicional tercera del Estatuto, que fija una inversión del Estado en Cataluña no inferior a su peso en el PIB español, es decir, del 18,8%.

La izquierda negocia un acuerdo sobre el Cuarto Cinturón y la línea de alta tensión

CiU pretende que las elecciones generales "den la vuelta" a la situación en Cataluña

Sirera debutará el día 25 como sustituto de Piqué en el debate parlamentario catalán

Hay una indisimulada competencia entre CiU, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa Verds-Esquerra Unida (ICV-EU) para lograr el protagonismo en esta negociación con el Ejecutivo del PSOE. La semana próxima empezarán en Madrid las negociaciones con el vicepresidente económico, Pedro Solbes. Por parte republicana se estrenará Joan Ridao, nombrado ya cabeza de cartel para los comicios de marzo, quien ayer advertía al PSOE de que a ERC le será "difícil" apoyar los presupuestos si no se cumple a rajatabla el porcentaje de inversión que marca el Estatuto. De momento, echó en falta nada menos que 1.119 millones de euros.

El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, llegó incluso ayer a insinuar, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que "tendría sentido un cierre de cajas o huelga fiscal" si el Gobierno central "incumple con sus obligaciones elementales" de inversión en Cataluña.

Según sea el resultado de estas negociaciones, estos tres partidos concurrirán a las elecciones generales más o menos enfrentados a José Luis Rodríguez Zapatero. El interés del PSC, que en la campaña será defendido por la ministra Carme Chacón, es lograr que la aportación catalana a la victoria socialista se sitúe por lo menos a la misma cota que en 2003 dejó al PP a 15 escaños de diferencia y deje a CiU sin la ansiada condición de apoyo imprescindible.

Con vistas al debate de política general en el Parlament, los socios del tripartito intentan cerrar dos de los conflictos internos que merman la cohesión del Ejecutivo presidido por José Montilla: la continuación del Cuarto Cinturón de Barcelona y la construcción de la línea de muy alta tensión eléctrica (MAT) en la provincia de Girona y su conexión con la red francesa.

Este desacuerdo se ha convertido en uno de los puntos débiles del Gobierno catalán, sobre el que la oposición golpea sistemáticamente, con la acusación de que las exigencias ecologistas frenan el desarrollo de las infraestructuras que, por otro lado, reclama al Ejecutivo central. Tanto el portavoz de ERC, Ridao, como el secretario general de ICV, Jordi Guillot, explicaron ayer que trabajan para iniciar el curso parlamentario con este contencioso resuelto. Guillot calificó de "inimaginable" que el tripartito se presente al debate parlamentario sin haber cerrado esta brecha. Lo contrario daría más munición a la oposición de CiU y Partido Popular.

El recién nombrado presidente del PP catalán, Daniel Sirera, se estrenará como portavoz en ese debate con la difícil papeleta de hacer olvidar a su antecesor, Josep Piqué, abruptamente dimisionario a finales de julio, harto de su impotencia ante la deriva conservadora de la dirección de la calle de Génova. El PP tiene en Cataluña uno de sus principales retos en las legislativas de marzo, después del batacazo de 2003, cuando dejó de tener representación en Girona y Lleida. Es la única formación que aún no ha decidido quién encabezará sus listas en Cataluña. Se debate entre Dolors Nadal, Jorge Fernández Díaz o la más nueva en la casa, Montserrat Nebrera.

Entretanto, el debate nacionalista mantiene permanentemente ocupados a los dos socios de la federación de CiU y a ERC. El líder de la oposición y presidente de CiU, Artur Mas, lanzó ayer su cohete para marcar la reanudación de la actividad política tras las vacaciones de agosto. Propuso nada menos que un debate a PSC y ERC para "refundar" el catalanismo, abriéndose incluso a la eventualidad de diluir a su partido, Convergència Democràtica, en la fuerza resultante.

Mas pretende volver a situar el debate ideológico en el eje catalanismo-españolismo, en detrimento de la oposición derecha-izquierda que ha impuesto el tripartito.

La propuesta fue interpretada por sus adversarios como un intento de atajar el surgimiento de corrientes y plataformas en el ámbito nacionalista y las divergencias con sus socios de Unió. José Zaragoza, secretario de organización del PSC, calificó la oferta de Mas como un intento de evitar que "los destrozos" producidos por la aparición de plataformas internas en Convergència "acaben en escisiones".

Tampoco Duran está por la labor y abomina de las derivas soberanistas de sus socios convergentes. Ayer, subrayó que CiU debe "continuar siendo la fuerza que ocupe la centralidad política" en Cataluña.

La dirección de Esquerra, siempre decidida a no dejarse sobrepasar por CiU en este ámbito, decidió ayer incluir en la ponencia que debatirá en su próxima conferencia nacional la fecha de 2014 como momento particularmente idóneo para celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.