Desalojos sin salida

Un nuevo desalojo de chabolistas se remató ayer en Córdoba. El Cuerpo Nacional de Policía terminó con un asentamiento de rumanos de etnia gitana en el que vivían entre 70 y 90 personas desde hacía más de un año. Fue en Córdoba, pero no es la única ciudad en la que se da este fenómeno. Durante todo el verano se han registrado en Sevilla desalojos de rumanos, ciudadanos que pertenecen a la UE y que por lo tanto no pueden ser expulsados.

Las respuestas que ofrecen los responsables de las administraciones locales ante este asunto son calcadas en casi todos los casos. Primero, recuerdan que Rumanía es miembro de la UE desde el pasado 1 de enero. Es decir, la repatriación no es posible. Luego, insisten en que la única opción policial pasa por intervenir si se produce algún hecho delictivo. En cuanto a los asentamientos, hay dos vías pera forzar el desalojo. Si se establecen en lugares públicos los agentes de la Policía Local pueden obligarles a irse sin más. Pero si lo hacen en un terreno privado, como el caso del asentamiento desmantelado ayer en la zona de la avenida del Aeropuerto de Córdoba, hay que esperar a una orden judicial. El mandato en Córdoba llegó el viernes y durante el fin de semana las familias han ido dejando el campamento. ¿Hacia dónde? La respuesta que se ofrece a esta pregunta también es muy parecida en todas las ciudades. "Nos han dicho que se irán a la recogida de la uva a Albacete o a Sevilla", afirma Ana Morales, la concejala de Córdoba responsable del área de Bienestar Social. Mitad deseo, mitad realidad, los responsables municipales de las capitales en la que se da este tipo de chabolismo insisten en que estos colectivos son "nómadas".

En Córdoba el fenómeno de los asentamientos se repite desde hace casi cuatro años, como recuerda Mikel Araguás, responsable de APIC-Andalucía Acoge en la ciudad. Y no se ha encontrado una solución estable. El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por IU y PSOE, tiene en marcha una unidad de intervención que recorre estos campamentos.

Se ofrecen medidas de urgencia a los chabolistas, como alojamientos temporales en el albergue municipal y atención sanitaria. Además se ayuda a la escolarización de los menores. Pero las asociaciones que trabajan con ellos creen que no es suficiente. "Quieren encajar una realidad distinta en el traje estándar que existe de intervenciones sociales", afirma Carlos Arce, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Necesidades distintas

"Son necesidades distintas (...) Una y otra vez la solución no puede pasar por invitarles a ir al centro cívico o por sólo la escolarización, porque se dan casos como el de una niña que durante el día está en clase pero por la noche duerme en un coche con sus padres", añade Arce.

Las ONG reclaman planes de intervención integral. Proyectos como el centro de recepción de Tejavana para Córdoba, donde estaba previsto el alojamiento para un número concreto de familias rumanas como inicio de un plan de actuación. Pero aquel proyecto no salió del Consejo Local de Inmigración porque lo bloquearon las asociaciones de vecinos y los sindicatos. El Ayuntamiento, como ocurre en otras ciudades, y las organizaciones no gubernamentales piden más implicación a las administraciones central y autonómica.

De los alrededor de 90 rumanos asentados en el campamento desmantelado ayer, sólo tres familias decidieron acogerse a los servicios sociales que presta el Ayuntamiento. Subsisten en Córdoba recogiendo chatarra y mendigando. "Es falso que no les guste trabajar", dice Araguás para tratar de desmentir lo que considera que son los mitos propagados sobre estas personas. "Hace 30 años ocurría algo muy parecido con otro colectivo, el de los gitanos españoles", añade. "Y después de años de intervención y de aportar recursos se ha conseguido cambiar los roles", asegura por su parte Arce.