2.500 días de pleno

Cerca de 2.500 días con sus respectivas noches. Más de 30 vueltas al mundo de 80 días cada una. Un mandato completo y tres cuartas partes de un segundo. Siete rebajas de enero y siete vueltas al cole. Éste ha sido el tiempo que ha tardado la justicia en contestar a la oposición marbellí que en el año 2000 exigió a Jesús Gil la convocatoria de un pleno extraordinario. El motivo: se negó información sobre las alegaciones que el consistorio había presentado contra un informe del Tribunal de Cuentas. Moco de pavo el asunto, comparado con lo que ha ido saliendo después, pero un claro ejemplo de la lentitud de la justicia a la hora de poner coto al asalto a las arcas municipales.

Durante el tiempo que ha tardado el Supremo en pronunciarse han ocurrido algunas cosillas de cierta trascendencia que complican tan competente resolución. Jesús Gil, por ejemplo, se murió mientras esperaba ésta y otras sentencias. El ex alcalde de Marbella, entre otros muchos más, se debió de llevar el secreto de las alegaciones a la tumba, ya que los documentos no aparecen ahora por ningún sitio y el nuevo equipo de gobierno se los va a reclamar otra vez a José María del Nido, el abogado que a tenor de los honorarios que cobró por su elaboración debió de realizar un molde en plata de ley con los dictámenes.

Pero sigamos contando otras cosillas que han pasado en ese tiempo. Muchos miembros del equipo de gobierno de Jesús Gil estuvieron en prisión algunos meses. Salieron de la cárcel y la resolución judicial les pilla ahora preocupados de cuándo tienen que volver a ella. Tendrá que admitir el tribunal que están todos como para ponerse a buscar la documentación que ahora se les exige, con la de papeles que tuvieron que tirar deprisa y corriendo.

Hay más cosillas. Uno de los partidos de la oposición que exigió el pleno, el PP, gobierna en la actualidad, y ya es mala suerte que en una de las escasas ocasiones que denunciaron algo contra el GIL les caiga ahora el marrón de ejecutarla. Algunos de los concejales del otro partido que también acudió a los tribunales reclamando la ansiada sesión, el PSOE, también tuvieron que pasar unos meses en prisión y tienen muchas papeletas para volver a ella, por lo que no parece que estén de humor para felicitarse por esta decisión del Supremo.

Habrá que reprochar a este órgano su lentitud, pero no su determinación final. Se ha mostrado implacable: dos meses, dos, ha dado de plazo al Ayuntamiento para cumplir la sentencia que la propia justicia ha tardado siete años en dictar. La resolución es categórica y exige la celebración de este pleno extraordinario donde, por fin, se conocerán las alegaciones que los asesores de Gil presentaron contra los informes del Tribunal de Cuentas entre 1991 y 1999. O sea, que entre el primer año alegado y el pleno van a transcurrir 16 años. Un periodo de tiempo que ha provocado que en la corporación no quede ni uno sólo de los miembros del equipo de gobierno que debían informar, y apenas dos ediles de los que querían ser informados.

Uno pensaba que, después de la rapidez con la que se ha llevado la investigación del caso Malaya -aunque, de momento, sólo se haya puesto la lupa sobre dos años de los 16 que gobernó el GIL en Marbella-, había razones para recuperar la confianza en la justicia, pero ha tenido que venir el Supremo para poner las cosas en su sitio. Han sido siete años, 2.500 días con sus respectivas noches, para convocar un pleno por unas simples alegaciones. Cuánto tardará en celebrarse el juicio contra los 86 procesados en la mayor trama de corrupción descubierta en España. Cuánto tardará el Supremo en ratificar las sentencias condenatorias, si las hay, tras los reiterados recursos que plantearán las defensas para deslegitimar la investigación y anular el proceso. Y finalmente, cuánto tardará la justicia en actuar sobre los años anteriores a Malaya. Es mentira que siete años no sean nada, aunque sean sólo un tercio del famoso tango de Gardel.