La Generalitat pide a France Telecom la red del operador Al-pi

El Gobierno catalán tiene abierto otro frente negociador sobre infraestructuras: las de telecomunicaciones. La Generalitat propuso a finales de julio vender el 25% de las acciones que posee en el operador de telecos Al-pi -que da servicios a empresas- al dueño del 75% del capital restante: France Telecom. Además de dinero, la Generalitat quiere recuperar la red de la empresa, privatizada por CiU, que en el sector se valora en 20 millones de euros. El Gobierno catalán ha aplazado el concurso que adjudicará el servicio de su telefonía móvil, hoy en manos del grupo francés, para no distorsionar la negociación.

La historia de Al-pi es todo un culebrón, con dos frentes.

El primero, entre el gigante France Telecom y el Gobierno catalán, quejoso porque considera que el grupo francés ha incumplido buena parte de los compromisos adquiridos cuando le fue adjudicada la empresa en el momento de su privatización parcial, en tiempos de CiU. Fue la mayor privatización de aquella etapa política, ya que, en plena euforia tecnológica, France Telecom pagó 78,13 millones de euros por controlar el 75% de Al-pi. El segundo frente del culebrón va más allá de los desencuentros accionariales. El Gobierno tripartito no ha ido todos a una en su política de telecomunicaciones. Las disensiones entre socialistas y republicanos no han sido ningún secreto.

Pero el PSC y ERC han encontrado un punto intermedio entre las ganas de zafarse lo antes posible de la patata caliente de Al-pi y las aspiraciones de convertirlo en un gran operador catalán, lo cual en algún momento llevó a poner sobre la mesa la posibilidad de recomprar el 75% de Al-pi a los franceses, e incluso de llevarles a los tribunales por sus incumplimientos.

El Gobierno de José Montilla creó un grupo de trabajo para decidir el futuro de Al-pi a principios de este año. Fuentes de la Generalitat afirman que en la pasada primavera hubo una primera propuesta de France Telecom para comprar el 25% público "por poco dinero". La Generalitat dijo no y contraatacó a finales del pasado julio: quiere vender su 25% a los franceses a cambio "de dinero, pero sobre todo, de la infraestructura de Al-pi".

La red de fibra óptica de Al-pi es extensa. Su página web indica que alcanza 800 kilómetros. Fuentes del sector consultadas señalan que esta infraestructura tendría un valor cercano a 20 millones de euros.

En su propuesta a France Telecom, la Generalitat argumenta que no quiere ser una empresa de servicios, y reclama recuperar la titularidad pública de las infraestructuras de Al-pi porque las utiliza la propia Administración. Además, siempre le quedaría la carta de añadir esta red a la que barrunta reunir en un nuevo operador de infraestructuras gestionado por una empresa privada.

Concurso aplazado

Al-pi no es lo único que une a la Generalitat con France Telecom. A través de Orange, presta servicios de telefonía móvil a la Administración catalana. Su contrato termina este año, y el pasado junio debía haberse publicado un concurso público, pero no ha sido así. Las fuentes consultadas admiten que ha habido una prórroga para evitar que la nueva adjudicación "contamine" la delicada negociación de Al-pi.