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Reportaje:

Castrar a violadores o no

Los médicos aconsejan primar el tratamiento psicológico sobre el uso de medicamentos

"Pido que se me castre, porque mi deseo es ser persona". La frase la redactó Jesús Agustín Hernández, de 52 años, al juez que lleva su caso. Hernández está acusado de violar a una niña de diez años, en agosto de 2004, en la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra.

En los años ochenta, este hombre ya fue condenado a 46 años de prisión por violar y asesinar a otra niña en Las Palmas. Durante su reciente juicio, Hernández reconoció su delito, pidió perdón y solicitó que no le dejen salir nunca más de prisión. "Soy un peligro público", exclamó.

Los juristas sostienen que el uso del fármaco choca con derechos constitucionales

Los médicos cuestionan la eficacia de la castración química para controlar a los agresores sexuales, y los juristas dudan de su legalidad

Su caso ilustra un problema de difícil resolución: la rehabilitación de los agresores sexuales. Uno de cada cinco violadores reinciden cuando abandonan la prisión, según los expertos. El debate estalla, de forma periódica, cada vez que se produce un hecho especialmente doloroso. Como el de un pederasta francés condenado tres veces por abusos sexuales, que, poco después de abandonar la cárcel, violó supuestamente a un niño de cinco años. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, abogó por aplicar nuevas medidas, más contundentes, contra quienes reinciden. Una de ellas ha causado especial revuelo: la castración química.

Los políticos españoles de todo el arco ideológico no han tardado en reaccionar (a favor o en contra) ante el inesperado anuncio. Con algo más de sosiego, quienes conocen el tema han expresado abiertamente sus dudas sobre la utilización de este método terapéutico. Médicos y psicólogos consultados por este diario cuestionan su eficacia para contener al agresor y evitar nuevos crímenes. Y los juristas insisten en que, con la normativa actual, la aplicación de la castración química está fuera de la ley: ni la Constitución Española, que protege derechos fundamentales del individuo, ni el vigente Código Penal, la permiten.

En Cataluña, el Departamento de Justicia de la Generalitat ha creado una comisión independiente, integrada por una serie de expertos de alto nivel, para estudiar qué hacer con los ex presos reincidentes de delitos muy graves. Estará presidida por el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena. La comisión deberá elaborar un informe de conclusiones en seis meses a partir del próximo 13 de septiembre, cuando se reunirá por primera vez. La castración química formará parte de la agenda de los expertos.

La iniciativa surgió poco después de que, a finales de mayo, saliera en libertad Alejandro Martínez Singul, conocido como el segundo violador del Eixample de Barcelona. Singul abandonó la cárcel de Quatre Camins tras cumplir 16 de los 65 años de condena. Eso, a pesar de que el informe de la Junta de Tratamiento explicitaba que no se había rehabilitado y que podía volver a delinquir.

Pero, ¿qué es la castración química tan debatida los últimos días? "Consiste en administrar cierto tipo de fármacos que disminuyen la libido del paciente y, por tanto, sus deseos y fantasías sexuales", explica el andrólogo Eduard Ruiz Castañé, miembro de la citada comisión. Estos medicamentos -los más conocidos son el Decapeptyl y el Procrin- se utilizan ahora en el tratamiento del cáncer de próstata. Sus efectos son, a priori, reversibles: sólo actúan mientras se consumen. "En teoría, pueden quitarle al delincuente las ganas de agredir sexualmente", sostiene.

Pero muchos, incluido Castañé, dudan de su eficacia real. "No hay pruebas de que la castración, ya sea física o química, sirva para inhibir el deseo en las personas adultas", argumenta el psicólogo clínico Emilio Escuer, experto en temas sexuales. Escuer opina que el deseo no procede exclusivamente de impulsos físicos. "En cada individuo hay una interacción constante entre el cerebro y las hormonas; lo físico es tan determinante para el comportamiento como lo aprendido, lo social, lo cultural". En otras palabras, que "el sexo está también en el cerebro". La consecuencia: "Que calmar las hormonas no eliminaría la educación adquirida, por lo que el tratamiento no sería una solución definitiva", razona el psicólogo.

En la misma línea se expresa Àngel Cuquerella, médico forense y psicólogo. "La conducta tiene una parte impulsiva y otra cognitiva. Si alguien está trastornado, los fármacos no le van ayudar". En opinión de Cuquerella, también miembro de la comisión, la castración química sólo sería un "complemento" del tratamiento principal: la "terapia psicológica". En este sentido, remarca los éxitos que, en ocasiones, se logran con algunos reincidentes reclusos: "Hay violadores y pedófilos que, cuando salen de la cárcel, no vuelven a agredir".

La efectividad del tratamiento, sugieren los médicos, no ha sido contrastada. Aun así, la castración química ya se aplica en algunos lugares. Como en los estados de California y Florida, en Estados Unidos. La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales ha señalado que "en Estados Unidos no ha tenido ningún éxito". Los reclusos que han aceptado someterse a esta medida "han salido mucho más rebotados, más nerviosos y más peligrosos", afirma la presidenta de esta asociación, Rocío Mielgo. Hace dos años, Francia impulsó un programa piloto con un grupo de 48 delincuentes reincidentes, todos voluntarios. Desde entonces, el país galo estudia extender el tratamiento.

Los expertos advierten de que, en lugar de acabar con la agresividad, la castración química puede limitarse a "desviarla". "Si a un violador agresivo se le provoca impotencia, puede expulsar esa agresividad por otras vías y convertirse, por ejemplo, en un asesino", apunta el doctor Ruiz Castañé.

En España, la castración química no está contemplada en la legislación y, por tanto, está prohibida. Así lo aseguran expertos juristas como Ramón García Albero, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Lleida. "Además, el método plantea serios problemas de inconstitucionalidad", insiste García Albero, porque se vulnerarían derechos fundamentales del individuo. Ni siquiera serviría que el penado lo consintiese expresamente. "El consentimiento del titular afectado es irrelevante para decidir sobre su integridad física".

La situación podría cambiar si el Congreso aprueba una Ley Orgánica en ese sentido. Pero aun así, persistirían dudas sobre su legalidad. Para el director del Centro de Estudios Jurídicos del Departamento de Justicia, Joan Xirau, "debería redactarse una normativa muy clara y detallada" para poder aplicar el tratamiento. Y siempre que "el consentimiento se preste en condiciones de plena libertad", añade García Albero, que también pone en duda su eficacia médica: "El sexo está en la cabeza, no sólo en las hormonas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de agosto de 2007