La consejera de Salud catalana, del PSC, cree que la castración química puede "plantearse"

El anuncio del presidente francés, Nicolas Sarkozy, de que aplicará la castración química a los delincuentes sexuales que reincidan no ha dejado indiferente a nadie. Ayer fueron distintos miembros del Gobierno catalán quienes expresaron su opinión sobre un asunto espinoso. La consejera de Salud de la Generalitat, la socialista Marina Geli, aseguró que la castración química podría "plantearse" en ciertos casos.

Eso sí: antes hay que comprobar que se trata de un método eficaz. A juicio de la consejera, este tipo de castración -que consiste en la ingesta de medicamentos que inhiben el deseo sexual- sólo podría aplicarse sobre algunos ex presos con serias dificultades para reintegrarse en la sociedad. Una circunstancia que vendría avalada, en todo caso, por el preceptivo informe de un profesional de la salud mental.

Un portavoz del departamento precisó "los requisitos" para que el tratamiento pueda aplicarse: que sea consentido por el preso y que se realice un seguimiento una vez que el reincidente abandona la cárcel. Además, la castración química sólo se aplicaría sobre aquellas personas que sientan "impulsos irrefrenables" de agresión sexual, y "no en el de aquellos que sufren algún tipo de trastorno psicológico".

En una entrevista a TV-3 (la televisión pública catalana) la consejera se mostró precavida ante la posibilidad de aplicar esta medida. Geli recordó que este método no se aplica de forma generalizada porque, a su juicio, todavía es necesaria una evaluación científica que "demuestre su eficacia".

Comisión de expertos

De esa tarea se encargará una comisión independiente impulsada por el Departamento de Justicia de la Generalitat y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La comisión, que se reunirá por primera vez el próximo 13 de septiembre, estará integrada por un grupo de expertos, entre los que hay jueces, fiscales, catedráticos de derecho penal, médicos especializados y psicólogos.

Los profesionales "darán argumentos suficientes" a las autoridades para "saber qué dirección seguir", sostuvo el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod (ERC). El vicepresidente recordó que la comisión "analizará las medidas que han tomado otros países democráticos ante delitos graves" de esta naturaleza, y destacó que el organismo tiene medio año por delante para presentar sus conclusiones.

La iniciativa también ha suscitado el debate entre los colectivos implicados. La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales se mostró abiertamente en contra de la propuesta, porque "ya se ha probado, sin ningún éxito, en Estados Unidos". Por el contrario, la Federación de Mujeres Progresistas apoyó este método, siempre que se aplique "con el consentimiento" del preso.