Como si existiese un pacto antiterrorista invisible

¿Se han reunido a partir de ayer las razones necesarias para instar un proceso de ilegalización del partido Acción Nacionalista Vasca? Los representantes de ANV en el consistorio vizcaíno de Durango dijeron nada más presentarse a debate el borrador de condena del atentado de ETA en la junta de portavoces que ellos no suscribirían el comunicado. En línea con la conducta de la izquierda abertzale desde 1979 en Durango, y según explicó ANV más tarde, tras expresar su "solidaridad" con los ciudadanos afectados, el atentado forma parte de las "las consecuencias directas del conflicto". Este partido, que en sus estatutos de 1930, reinscritos en 1977, rechaza la violencia para lograr sus objetivos, sin embargo no ha considerado oportuno obrar en consonancia con aquellos. No. Pero no se ha limitado a evitar la condena del atentado. Según su versión de los hechos, la acción terrorista se inserta en el siguiente contexto: "No ha sido la primera agresión" porque el pueblo vasco lleva "meses recibiendo las agresiones de los Estados español y francés". "Todos esos sucesos nos llevan a un escenario del pasado". En otros términos, ha justificado o comprendido, según se prefiera, el atentado.

Fuentes gubernamentales consultadas dijeron que el rechazo de ANV a condenar el atentado "no arroja una nueva luz sobre el entramado de la organización terrorista ETA". El razonamiento es el siguiente: "El Tribunal Constitucional señala la no condena como un indicio que debe ser puesto en relación con otros. Pero por sí solo no añade un indicio de criminalidad". La misma fuente enfatizó: "La condena suma; la no condena no quita".

En fuentes judiciales se ha detectado, como es habitual, división de criterios, entre quienes estiman que no es ETA quien debe marcar la agenda de la actividad del Gobierno, la Fiscalía y los jueces de la Audiencia Nacional, y los que ven una oportunidad para desencadenar la ilegalización de ANV tal como sostienen algunos dirigentes del Partido Popular.

"Es indudable que la legalización en mayo pasado de un número de candidaturas de ANV no supuso cerrar el asunto de sus posibles vínculos con Batasuna y ETA. La aparición de nuevas pruebas puede llevar en cualquier momento a plantearse el tema tanto en términos penales como en lo que se refiere a la ley de partidos. Pero la negativa a condenar un atentado, según el Tribunal Constitucional, no es indicio suficiente. No hay porque correr. Hay que tomar nota", dijo un magistrado a éste periódico.

Los dirigentes de ANV han optado por perder una oportunidad clave para desempolvar sus estatutos de los años treinta y disipar de ese modo las sospechas que pesan sobre su verdadera naturaleza. Al reaccionar en sintonía con Batasuna y no con autonomía respecto a ella, al rechazar como Batasuna la condena del atentado de ETA y justificar la acción terrorista responsabilizando al Gobierno, han renunciado a ofrecer un contraindicio favorable contra una eventual ilegalización.

Con todo, sería un error que los duros enfrentamientos por la política antiterrorista, que ayer dieron paso al frente común entre el Gobierno y el PP que los ciudadanos esperaban, revivieran a cuenta de si es el momento de instar la ilegalización de ANV.

ETA ha buscado en estos meses dar un golpe demostrativo. Si no ha podido hacerlo no ha sido por inactividad. El PSOE, el PP y el Gobierno deberían actuar ahora como si existiese un invisible Pacto Antiterrorista, exactamente igual al viejo pacto en un punto central: corresponde a las autoridades gubernamentales la dirección de la acción contra ETA, incluyendo en determinar en este caso, una vez que el PP lo ha planteado, si cabe instar la ilegalización de ANV a raíz de su justificación del atentado.