El Gobierno japonés ejecuta en un día a tres condenados a muerte

Tres presos del pabellón de la muerte en Japón fueron ahorcados ayer sin previa notificación y ante la indiferencia de la mayoría de la sociedad. Sólo algunos grupos de derechos humanos protestaron por la decisión, que eleva a 10 los ejecutados desde el nombramiento de Shinzo Abe como primer ministro hace nueve meses. Con estas muertes, 2007 se convierte en el año con más ejecuciones en el país desde 1998.

Fiel al secretismo con que se llevan a cabo los ajusticiamientos en Japón, el Ministerio de Justicia ejecutó a los reos y sólo después comunicó la decisión. Con la llegada de Abe al Gobierno, finalizó una moratoria oficiosa de 15 meses a la pena capital, debido a la salida de Seiken Sugiura, antiguo titular de Justicia del Ejecutivo, y cuyas creencias budistas le impedían firmar sentencias de muerte.

En contraste, el actual ministro, Jinen Nagase, del Partido Liberal Demócrata, se ha convertido ya en el funcionario que más penas máximas ha firmado desde hace casi 15 años, con 10 ejecutados en la horca, único método que se usa en el país.

Las autoridades rehusaron revelar la identidad de los prisioneros, pero organizaciones de derechos humanos aseguran que son hombres condenados por asesinato que rondaban los 70 años. La agencia Kyodo los identificó como Hifumi Takezawa, condenado por un triple asesinato; Yoshio Iwamoto, responsable de dos asesinatos, y Kozo Segawa, condenado por el mismo delito.

Alrededor del 80% de los japoneses está a favor de la pena de muerte, según estadísticas de Amnistía Internacional. La actual política del Gobierno japonés consiste en "matar todos los años a una pequeña cantidad de presos", afirma el presidente de Amnistía Internacional en ese país, Makuto Tedanaka.

Uno de los factores que acalla el debate es que "la prensa se desentiende del asunto", dice Nobuto Hosaka, secretario general de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte. La decisión del Ejecutivo también mereció las críticas de la Asociación de Federaciones de Abogados de Japón, que señaló la tendencia internacional a abolir dicha condena y la posibilidad de que una sentencia errónea pueda desembocar en una pena capital.

Japón, junto a EE UU -donde en la madrugada de ayer el Estado de Tejas ejecutó al preso número 400, John Ray Conner-, es uno de los pocos países desarrollados que aún mantienen la pena de muerte, vigente en 67 países, según Amnistía Internacional. Las organizaciones de derechos humanos consideran que por lo menos 104 reos se encuentran a la espera de ser ahorcados en las cárceles de Japón.