Mutua Universal reúne con urgencia a su comité de control para analizar la crisis
Mutua Universal, la tercera mutua de accidentes de trabajo de España, ha convocado para el próximo lunes una reunión extraordinaria del comité de seguimiento y control de la entidad con el fin de analizar por primera vez la situación tras querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante un juzgado de Barcelona por supuesta malversación de caudales públicos, y tras la salida del director gerente, Juan Aicart, el principal sospechoso. Así lo confirmaron ayer fuentes próximas a este comité, que reúne a los representantes de las 142.445 empresas asociadas a la entidad y a los representantes de los 1,57 millones de trabajadores cubiertos por la mutua.
La dirección de Mutua Universal, que preside Juan Echevarría y que pese a la investigación continúa funcionando con normalidad, se había resistido a convocar a empresas y trabajadores, remitiéndoles a la reunión ordinaria del comité prevista para finales de septiembre. Esta actitud había provocado duras críticas de Comisiones Obreras, que acusó a la junta directiva de "falta de transparencia".
La mutua confirmó ayer que hoy presentará al Ministerio de Trabajo y "por correo administrativo" las alegaciones en las que defiende su gestión. Es el último día de plazo que tiene para hacerlo, tras el requerimiento que le efectuó el ministerio. Éste ha abierto un expediente a Mutua Universal, que discurre en paralelo a la querella criminal todavía bajo secreto de sumario. A raíz de este procedimiento administrativo, Trabajo decidirá si toma medidas cautelares, sin excluir la intervención.
Tiempo de alegaciones
Fuentes del ministerio aseguraron que, una vez reciba las alegaciones, "se tomará su tiempo para estudiarlas despacio, debido a la complejidad del caso". Legalmente, tiene tres meses para tomar una decisión, según la mutua.
La alusión a la "complejidad" se refiere a que la Intervención de la Seguridad Social, a quien corresponde supervisar sus cuentas, sospecha que Aicart y varios colaboradores habrían desviado fondos públicos -hay 6,13 millones de euros facturados sin justificar en 2005 y 2006- hacia negocios privados. Para este fin, habrían utilizado una red de sociedades presuntamente vinculadas a los responsables de la mutua.
Echevarría y la junta directiva, al menos por ahora, están libres de sospecha. Según fuentes jurídicas, las alegaciones replican a Trabajo que su actuación "carece de base" y califica de "opiniones gratuitas" algunas de las consideraciones sobre la entidad, al tiempo que pide "aclaraciones" a sus "conjeturas".
