Una cuestión de mal gusto
Hay políticos que esperan capitalizar poder argumentando que con ellos aumentaron las ejecuciones en su Estado, como le ocurrió a George W. Bush en Tejas. Ése podría ser el caso de Jon Kyl, senador de Arizona que propuso la nueva ley el pasado año. En ese Estado se dictan muchas condenas a muerte, pero la mayoría no se llevan a cabo porque son rebatidas en tribunales federales.
Y ahí surge otro de los conflictos que los críticos subrayan: Alberto Gonzales despidió el pasado año a ocho fiscales federales que, entre otras cosas, habían rebatido sentencias estatales de penas de muerte.
Entre ellos había precisamente uno de Arizona, Paul K. Charton, quien se negó a condenar a un preso por un supuesto crimen del que jamás se encontró el cadáver. "El Congreso ha llegado incluso a pedir la dimisión de Gonzales por aquellos despidos y ahora resulta que va a ser él, el fiscal de los fiscales, quien decida la suerte de los condenados a muerte. Es un conflicto de intereses flagrante y parece una broma de mal gusto", se queja Stephanie Faucher desde la ONG Death Penalty Focus.
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