Un recurso del PP frena la renovación del Constitucional y puede atrasar el fallo sobre el Estatuto catalán

Al Tribunal Constitucional no le va a faltar tarea para septiembre. Según estiman fuentes judiciales y parlamentarias, tendrá que resolver prioritariamente el último recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP y que cuestiona el mandato de la presidenta de esta institución, María Emilia Casas, y la futura elección de los cuatro magistrados propuestos por el Senado, que deben ser renovados en diciembre. Una renovación que se presenta casi tan compleja como la del Consejo General del Poder Judicial y que incluso puede acabar perjudicando la estrategia del PP para que se resuelva cuanto antes la sentencia sobre la legalidad del Estatuto de Cataluña.

Al impugnarse una ley que afecta a la composición del tribunal, el recurso debe tener prioridad sobre otros asuntos

De los cuatro jueces que deberían dejar el Constitucional en diciembre, tres pertenecen al sector conservador

Es previsible que el PP, por coherencia con su queja, bloquee la renovación por el Senado de cuatro magistrados

Expertos constitucionalistas bien conocedores de este tribunal explican que, técnicamente, la resolución del último recurso del PP no tiene porqué suponer, en principio, un retraso de los demás asuntos que tiene sobre la mesa. Si bien, en la práctica, cada nueva prioridad desplaza un poco más los otros asuntos. Los magistrados lo saben bien y lo comprueban periódicamente. Por ejemplo, cuando hay elecciones y tienen que examinar las listas de candidatos afectadas por la Ley de Partidos Políticos.

Dado que el recurso se presentó en los últimos días de julio, al filo del comienzo de las vacaciones, los magistrados no han tenido tiempo de resolver si darán prioridad al recurso que afecta a la propia composición del tribunal o al del Estatuto.La decisión posiblemente se adoptará en la tercera semana de septiembre, cuando los magistrados tienen señalada su primera semana jurisdiccional tras las vacaciones.

Lo primero a resolver

Antes del descanso veraniego, el Constitucional deliberaba las impugnaciones contra el Estatuto de Valencia, en cuanto afecta principalmente al derecho a los recursos hídricos. Por ahora, nadie quiere hablar de retrasos a causa del último recurso del PP. No obstante, fuentes de las dos sensibilidades de magistrados presentes en el Constitucional coinciden en que, al impugnarse la propia composición del tribunal, "por lógica" esto sería "lo primero que habría que resolver", o al menos debería tramitarse "con una cierta prioridad", destacan.

El recurso del PP cuestiona dos aspectos novedosos del artículo 16: la enmienda Casas, introducida para blindar a la presidenta, María Emilia Casas, de un previsible intento de sustituirla al frente del Tribunal, y la elección

por las comunidades autónomas de los candidatos entre los que el Senado debe escoger a los cuatro magistrados constitucionales que le corresponde. La renovación de los cuatro magistrados tendría que estar ultimada el próximo 19 de diciembre, pero fuentes del Tribunal y de los grupos parlamentarios dudan de que pueda llevarse a cabo, sobre todo por falta de voluntad política para ponerla en práctica.

En primer lugar, porque dicha elección ha de hacerse, según la reforma de la ley, "en los términos que determine el Reglamento de la Cámara". Es decir, lo primero que hay que hacer es reformar el Reglamento del Senado para establecer la forma en que se deben seleccionar a los magistrados constitucionales.

Fuentes del Grupo Socialista aseguran que ya se está trabajando en la reforma del Reglamento del Senado y que daría tiempo a tenerlo aprobado antes de toque la renovación. Sin embargo, falta por determinar cómo se van a seleccionar a los candidatos de las comunidades autónomas. Y lo más importante, que haya acuerdo entre los dos grupos mayoritarios, puesto que el nombramiento de los magistrados requiere la mayoría de tres quintos de la Cámara. Un acuerdo difícil, dado que si PP ha impugnado el sistema de candidaturas presentadas por las comunidades autónomas, lo lógico será que prefiera esperar el pronunciamiento del Constitucional.

Previsible bloqueo

En diciembre terminan su mandato la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, de talante progresista, y tres jueces del sector conservador: el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, Este último accedió al Tribunal en 2002 por acuerdo entre el PP y el PSOE en sustitución por enfermedad del catedrático Fernando Garrido Falla, pero durante toda su trayectoria ha estado alineado con las tesis del PP.

Las fuentes consultadas coinciden en que al PP no le interesa la renovación, dado que tres de los cuatro magistrados que tienen que dejar el Tribunal son de talante conservador y, tras la renovación, no sería posible mantener esa proporción.

Por esa razón, y por coherencia con el recurso interpuesto, la postura más previsible es que el PP bloquee la elección en el Senado, lo mismo que ha hecho con la renovación del Poder Judicial. Así, puede mantener durante meses a los seis magistrados que ahora están deliberando las impugnaciones de los estatutos de autonomía de Valencia y Cataluña. Tras conseguir la recusación del magistrado progresista Pablo Pérez Tremps, el sector conservador del Constitucional, afín al PP, disfruta de una mayoría de 6 a 5 para resolver el recurso del PP contra el Estatuto catalán. Esa ventaja se perdería con la renovación de los magistrados del Senado si antes no hay sentencia sobre el Estatuto. Si la renovación de este tribunal no se verifica para diciembre, la agenda política vendrá determinada por las elecciones de marzo y el mandato de la presidenta y los otros tres magistrados tendría que prorrogarse al menos hasta mayo o junio del año próximo.

El otro motivo de inconstitucionalidad apreciado por el PP es la denominada enmienda Casas, pactada a última hora, para prorrogar el mandato de la presidenta, que acababa en junio, hasta su renovación en diciembre. La prórroga del mandato era en realidad una antigua práctica del tribunal, aplicada con anterioridad a dos presidentes. Pero en el caso de Casas, la prórroga tenía otro carácter: blindarla frente a un posible intento de derribo.

Aunque en su momento fuentes del sector conservador valoraron tal posibilidad como "una novela", el pasado 4 de julio, dos magistrados conservadores, Roberto García-Calvo, y Jorge Rodríguez-Zapata, propusieron un debate de pleno sobre si Casa debería continuar como presidenta en su cargo. La ofensiva fracasó de plano, por 10 votos a 2, pero quedó patente que hay peligro.

Por otra parte, el Grupo socialista ha pedido al presidente del Congreso, Manuel Marín, que convoque en septiembre a la Comisión del Reglamento para hacer un último esfuerzo tendente a modificarlo, después de 12 años de intentos fallidos.