El Gobierno prevé aumentar en 129 plazas la plantilla del Ministerio Fiscal en Alicante
El Gobierno tiene previsto incrementar en 29 plazas la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en la provincia de Alicante antes de finalizar el ejercicio 2007, en tanto que para el año que viene hay proyectadas 100 nuevas plazas. Así figura en una respuesta parlamentaria dada por el Ejecutivo a una pregunta formulada por el diputado socialista en el Congreso Carlos González Serna para conocer el aumento de la plantilla en el Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales de la provincia de Alicante desde el año 2004.
El Gobierno afirma que desde el inicio de la legislatura en abril de 2004, la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en la demarcación alicantina se ha incrementado en 16 plazas, teniendo en cuenta la mayor litigiosidad detectada en los últimos años. Además, especifica que antes de finalizar el ejercicio 2007, "de forma inminente", está previsto un incremento de la carrera fiscal en 29 plazas, en tanto que en el ejercicio 2008, el Gobierno tiene proyectado crear cien plazas más.
El Ejecutivo destaca que esas plazas quedarán adscritas o vinculadas a las fiscalías de las instituciones judiciales de la provincia de Alicante, así como al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Con relación a la evolución de la plantilla de secretarios judiciales en la provincia de Alicante, en 2004 se crearon tres plazas; en 2005, 12; en 2006, seis; y en 2007, una, lo que hace un total de 22 nuevas plazas en los últimos tres años.
En ese mismo período de tiempo se han puesto en marcha 17 nuevas unidades judiciales en la demarcación, siete en Alicante, cinco en Elche, una en Dénia, una en Torrevieja, una en Alcoi, una en Ibi y otra en Villena.
En su respuesta, el Ejecutivo remarca que desde el principio de la legislatura ha tenido como objetivo el incremento de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para mejorar la administración de justicia y asegurar el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, de manera que éste "no pueda verse menguado por el incremento de trabajo de los órganos jurisdiccionales, como consecuencia del aumento de la litigiosidad y de las formas de criminalidad".
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