Desastres a debate

El debate del Parlamento catalán sobre los diversos desastres en materia de infraestructuras que ha vivido la comunidad, especialmente desde el apagón del pasado 23 de julio, se convirtió ayer en un anticipo de lo que hoy espera a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en la Diputación Permanente del Congreso: todos los grupos, excepto los socialistas, solicitaron la dimisión de la ministra. CiU la llegó a calificar de la "peor ministra de la historia" y el PP atribuyó lo sucedido en Cataluña a "un exceso de socialismo". Son, sin duda, ataques ventajistas. Sorprende oír a los nacionalistas catalanes decir que el actual Gobierno autónomo está supeditado a Madrid si se tiene en cuenta que fue durante sus 23 años al frente de la Generalitat cuando se gestó ese retraso en las inversiones que ahora denuncian. También produce sonrojo escuchar al nuevo líder catalán del PP, Daniel Sirera, pedir dimisiones a diestro y siniestro, si se recuerda que fue su partido, cuando estaba en el poder, el que prometió que el AVE llegaría a Barcelona en 2004.

La mayor o menor solvencia de estas críticas no debe, sin embargo, llevar a Fomento al error de contraatacar con otras similares. El ejercicio del poder tiene unas exigencias que no pueden ser trasladadas a la oposición. Los fallos en la red de cercanías de Barcelona, los endémicos atascos en las carreteras, las deficiencias en el suministro eléctrico y las carencias del aeropuerto de El Prat son reales. Lo que el ciudadano espera son soluciones, la intervención decidida de las administraciones y unos plazos de mejora razonables. De poco sirvieron, en este sentido, las comparecencias de los presidentes de Endesa, Manuel Pizarro, y de Red Eléctrica, Luis Atienza. Las acusaciones mutuas que se lanzaron sobre el apagón de julio resultaron escaso consuelo para los afectados. Atienza no aclaró los motivos del incendio de la subestación del paseo de Maragall y Pizarro consideró un error reclamar "calidad alemana" en un servicio con "tarifas tercermundistas". Seguramente, no era ayer el día más adecuado para hablar de tarifas.

El grupo socialista defendió ayer la inversión actual de Fomento en Cataluña, pero no faltaron críticas al déficit estructural que Cataluña denuncia. El propio secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, ha reconocido en diversas ocasiones -atribuyendo la responsabilidad al PP- que las inversiones no son las que debían haber sido. La demanda de cercanías es, por ejemplo, un 14% superior a la oferta. El Ejecutivo de José Montilla está sufriendo un gran desgaste con la crisis de las infraestructuras. Tiene sentido, por tanto, que tenga un hueco en el nuevo centro de coordinación creado por Fomento en Barcelona. No hay, pues, grandes discrepancias entre lo que prevé el ministerio y lo que pide la Generalitat. Más bien parece como si ambas partes estuvieran velando armas para un asunto de más enjundia: la gestión del aeropuerto de El Prat, un tema que el consejero Nadal sacó ayer a la palestra y que contará con la resistencia de Fomento, que considera modélica la actual gestión.