La Comunidad justifica la obra por los accidentes

El águila imperial y la preservación del medio ambiente en una zona de protección de aves (ZEPA, bajo tutela de la UE) enfrentan a la Comunidad de Madrid con las instituciones europeas, el Gobierno de Zapatero y los ecologistas. El Ejecutivo regional cree que el "interés general" de la conversión en autovía de la M-501, el "alto índice de accidentes" y los "elevados niveles de contaminación" actuales son razones suficientes para que mantener el proyecto.

Un portavoz de la Comunidad de Madrid admite no tener conocimiento de que el desdoblamiento de la carretera de los pantanos esté en manos del Tribunal de Justicia Europeo. "Para nosotros eso no existe, porque no se nos ha notificado", explica el mismo portavoz, que indicó que la nueva autovía, presupuestada en 44 millones de euros, "es más sostenible y respetuosa" que la carretera actual. Una cuarta parte de los gastos se ha destinado, según el Gobierno regional, a medidas ambientales: recuperación de especies como reptiles y aves como las águilas imperiales o los cernícalos primillas; restauración de los márgenes del río Alberche; enterramiento de 20 kilómetros de líneas eléctricas; adquisición de fincas que servirán para atajar la desaparición progresiva de los hábitats de ciertas especies y dos ecotúneles que evitarán atropellos de algunos animales.

Los ecologistas se debaten entre la "tranquilidad" y la "pena". Tranquilidad porque la Unión Europea les ha dado "la razón". Pena porque el daño que ha provocado el proyecto tiene "consecuencias irreparables" en el entorno de los ríos Cofio y Alberche y "sólo fomenta el urbanismo salvaje". María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, propone una alternativa al desdoblamiento de la M-501: ensanche de arcenes, eliminación de las curvas peligrosas, construcción de rotondas en las intersecciones e inclusión de carriles de aceleración. Estas medidas formaban parte del plan alternativo propuesto por el equipo de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) emitió en 2000 un informe negativo por el alto impacto ambiental de las obras.

El proyecto se paralizó ese año, pero se volvió a activar en abril de 2005. "Se aprobó por narices", lamenta Nieto, que se queja de que ni los tirones de oreja del Ministerio de Medio Ambiente ni los de Bruselas sirvieron para detener las obras. Añade que la Comunidad "falseó datos" para que los índices de siniestralidad de toda la carretera aparecieran como los del tramo no desdoblado.

El Gobierno de Zapatero ha mantenido un pulso con la Comunidad desde el inicio de la obra. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, siempre mantuvo que la M-501 "incumple la normativa".