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La Generalitat no acusa al padre de Claudia en el plazo dado por el juez

El Gobierno catalán replica que tiene tiempo hasta septiembre

La Generalitat no podrá ejercer la acusación en el caso contra el padre de Claudia, a pesar de haberse comprometido a ello. El magistrado que lleva el caso ha dado por concluido el plazo para formular la acusación, pero el Gobierno catalán asegura que tiene tiempo hasta el 5 de septiembre. Claudia, una niña de seis meses de Salou, sufrió heridas graves por los malos tratos que, presuntamente, le infligió su padre.

La Generalitat contaba con un plazo de 10 días hábiles para presentar el escrito de acusación, a partir del 20 de julio. El Gobierno catalán sostiene que no ha presentado el documento porque agosto es un mes inhábil, durante el cual este plazo no tiene validez. De este modo, dispondría de tiempo hasta el próximo 5 de septiembre.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona ha considerado agosto como mes hábil, por lo que el plazo concluyó el 8 de agosto. La Generalitat sostiene que el magistrado debería haber especificado que agosto contaría como mes hábil cuando citó a las partes en la vista previa. De todas maneras, la Generalitat ha anunciado que presentará el escrito en los primeros días de septiembre, aunque sea fuera del plazo dado por el juzgado.

El Departamento de Acción Social y Ciudadanía afirmó que este auto que declara agotado el trámite es "erróneo y no se ajusta a derecho". Por el contrario, el abogado del padre de Claudia, Isaac González, sostuvo que el proceso ha sido correcto.

La Fiscalía de Tarragona pide en sus conclusiones preliminares una pena de cuatro años de prisión para el padre de Claudia, Richard R. B., de 23 años. La pena solicitada es más elevada de lo normal para un delito de lesiones porque se trata de una menor y existe una relación de parentesco entre la víctima y el agresor. La fiscalía solicita también que se prohíba al hombre acercarse a la niña durante un periodo de cinco años. La madre está también imputada, pero la fiscalía no mantendrá los cargos y aconseja el sobreseimiento de la causa.

La pequeña Claudia ingresó el pasado 10 de junio en el hospital Joan XXIII de Tarragona con una hemorragia intracraneal presuntamente provocada por su padre. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivada al hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Fue dada de alta un mes después, tras ser intervenida quirúrgicamente. Los servicios de pediatría ya habían diagnosticado, el pasado mes de abril, los supuestos malos tratos que sufría Claudia tras tratarla de una fractura de fémur y detectar lesiones anteriores.

Este hecho derivó en un intercambio de acusaciones entre el hospital, la titular del juzgado número 3 -María Teresa Visedo-, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y la fiscalía. La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió un expediente, que fue archivado, para estudiar si la magistrada actuó diligentemente. Por su parte, el Síndic de Greuges señaló a la DGAIA y a la fiscalía como principales responsables de los errores advertidos en este caso.

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