Un futuro que ganar

En algunos sectores de la sociedad catalana se está instalando la percepción de que la aprobación del nuevo Estatuto no ha valido la pena. Que el Estatuto y el debate que produjo están lejos de la vida y de los problemas de la gente. O que ha sido un esfuerzo en vano, pues el Tribunal Constitucional va a reducir el Estatuto a la mínima expresión.

Se trata de unas percepciones y unas preocupaciones que requieren de una respuesta clara y realista, basada en los hechos, sin falsos atajos ni derrotismos. Vayamos por partes.

En primer lugar, el Tribunal Constitucional, a pesar de la percepción instalada, no va a dictar sentencia sobre el Estatuto en breve. Queda tiempo por delante. Pero lo fundamental es que estamos plenamente convencidos de su constitucionalidad. Si el alto Tribunal dictara una sentencia en contra del Estatuto, Cataluña tendría un problema, pero España y su modelo constitucional también. Antes de plantear hipotéticos planes B, la prioridad es una defensa firme del Estatuto y de su constitucionalidad, desarrollándolo para consolidarlo, explotando al máximo sus potencialidades. Por otra parte, la credibilidad del PP ha quedado seriamente dañada: para este partido, lo que es bueno para Andalucía, Baleares o Aragón, es inconstitucional para Cataluña.

"La gran asignatura pendiente de España continúa siendo asumir su propia realidad plurinacional, la diversidad como un hecho positivo"

"Ahora lo fundamental es que el nuevo Estatuto nos da más poder político e impulsa en muchos aspectos una dinámica federalizante"

En segundo lugar, el largo y difícil proceso de aprobación del Estatuto, con el exceso de tacticismo partidista y la consiguiente falta de unidad entre las fuerzas políticas, ensombrece el resultado conseguido. Pero tenemos un Estatuto que supone un avance innegable del autogobierno. Un instrumento poderoso para afrontar los principales retos que Cataluña tiene planteados. Lo que permanecerá de este largo y complicado proceso será un buen Estatuto. El ruido de estos años quedará sólo para las hemerotecas.

En tercer lugar, el Estatuto se está desplegando con normalidad: el Gobierno ha aprobado la ley de la Agencia Tributaria y la del Consejo de Garantías Estatutarias; se han puesto en marcha las tres comisiones con el Estado previstas en el Estatuto y la Junta de Seguridad; y hemos iniciado las negociaciones para las transferencias en materias tan importantes como la inmigración, la inspección de trabajo o los servicios ferroviarios de Cercanías. Y se han llegado a acuerdos para el traspaso del Hospital Clínico o las autorizaciones del Litoral, entre otras. Así pues, no se puede hablar de bloqueo en el desarrollo del Estatuto y, mucho menos, de fracaso. El Govern tiene una política, una hoja de ruta clara de desarrollo del Estatuto, priorizando la utilidad social del mismo.

Sin duda, tenemos y tendremos dificultades. No es fácil realizar una redistribución del poder político y de los recursos económicos favorable al autogobierno, incorporar o cambiar prácticas normativas poco respetuosas con la distribución de competencias fuertemente arraigadas, sin que ello suscite la resistencia de la Administración del Estado. Ningún Estatuto se desarrolla en unos meses, tampoco en una legislatura, como demuestra la experiencia.

La cuestión es si tenemos una perspectiva de futuro abierta para el progreso nacional y social de Cataluña, si podemos dar respuestas a las necesidades del país a partir del nuevo Estatuto o, si por el contrario, se han cerrado las puertas. Para mí, la respuesta es clara: tenemos una perspectiva de futuro abierta, el desarrollo del Estatuto, la mejora del autogobierno, en la perspectiva de lo que podríamos llamar un federalismo práctico. El despliegue de un Estatuto, refrendado por la ciudadanía de Cataluña, como punto de encuentro de las diversas sensibilidades del catalanismo: autonomistas, federalistas de distinto tipo o soberanistas, a pesar de que sus proyectos a largo plazo puedan ser distintos.

Ciertamente, el PSOE no ha planteado un modelo de Estado claramente federal. No lo hizo explícitamente cuando estaba en la oposición y tampoco lo ha hecho en el Gobierno. No es ninguna sorpresa. Pero ahora lo fundamental es que el nuevo Estatuto nos da más poder político e impulsa en muchos aspectos una dinámica federalizante, que hay que desarrollar: la participación de la Generalitat en instituciones del Estado y en el ejercicio de competencias estatales, la desconcentración de la justicia, la clarificación de la distribución de competencias o un modelo de financiación basado en principios federales.

A pesar de que sería deseable una reforma de la Constitución en un sentido federal, como plantea Pasqual Maragall, en estos momentos es imposible porque se requiere una mayoría cualificada, para la que necesariamente hay que contar con el PP. Por tanto, lo que es necesario y políticamente posible es una lectura federal de la Constitución. Una lectura que cabe perfectamente en el marco actual y que incluso puede resultar imprescindible para que la nueva generación de Estatutos no entre en contradicción con el funcionamiento de la Administración General del Estado.

La herencia centralista y uniformizante de siglos no se disuelve en menos de 30 años de autonomías. La gran asignatura pendiente de España continúa siendo asumir su propia realidad plurinacional, la diversidad como un hecho positivo y un avance democrático y no como una amenaza. Para que nos entendamos, el reto no es sólo que Cataluña tenga un nivel de autogobierno y de reconocimiento nacional como Quebec, sino que España se parezca al Canadá en cultura federal y democrática. Pero incluso en este terreno, a pesar de todas las dificultades, el Estatuto supone un avance: reconocimiento como nación en el preámbulo, lengua y derechos históricos. El camino a recorrer es largo y complejo, pero irrenunciable para Cataluña.

Para continuar avanzando es necesario que el catalanismo, y especialmente el catalanismo de izquierdas, tenga claras tres premisas: es imprescindible mantener y ampliar la mayoría social del catalanismo, ya que no habría nada peor para el futuro del país que la radicalización de amplios sectores que plantearan llegar muy lejos, pero dejando por el camino a la mayoría social transversal que hoy puede sentirse identificada con el catalanismo; la unidad de la sociedad y las fuerzas políticas en unos objetivos compartidos y concretos a corto y medio plazo (transferencias, aeropuertos, servicios ferroviarios, modelo de financiación); y la solidez y seriedad de unas instituciones en las que la ciudadanía puede confiar.

Tenemos un plan concreto y realista: desarrollar el Estatuto. Y todo ello con la mirada puesta en uno de los principales retos de la Europa del siglo XXI: pasar de las soberanías nacionales a las soberanías compartidas, en el marco de un Estado federal y de una Europa unida.

Joan Saura es consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Catalunya y Presidente de ICV.